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Purga en el Poder Judicial: Despidos, interrogatorios y caída de funcionarios leales a la dictadura

En una serie de medidas represivas dentro del Poder Judicial de Nicaragua, varios funcionarios de alto rango y sus familiares han sido destituidos, interrogados y separados de sus cargos. La purga afecta principalmente a aquellos vinculados con el magistrado de facto Marvin Aguilar y su círculo cercano, entre los que se incluyen la sobrina de Lenín Cerna, Dora Nadezhda Obando Úbeda, y su familia.

Una fuente del Poder Judicial reveló a La Mesa Redonda que Dora Nadezhda Obando Úbeda, quien ocupaba el cargo de “asesora principal” del magistrado Aguilar, fue suspendida de sus funciones junto con su hija Fergie Úbeda Obando, quien trabajaba como médico legal en el Instituto de Medicina Legal.

Además, se espera que su otra hija, Nalía Úbeda Obando, quien ejerce como Juez Quinto Penal de audiencia de Managua, también sea retirada de su puesto en los próximos días.

Nalía Úbeda Obando

Esta purga no solo afecta a las mujeres de la familia, sino también a otros allegados, incluyendo al esposo de Nalía, Lener Steven Sandoval, quien ocupaba el cargo de “asesor legalde Marvin Aguilar y se hacía cargo de los “remedos de sentencia” para la pérdida de nacionalidad de los opositores.

El proceso de destituciones también ha alcanzado al juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, quien mantenía una relación personal con Dora Nadezhda Obando.

Salmerón, conocido por su participación en juicios contra opositores y activistas, fue una de las figuras más controvertidas dentro del sistema judicial.

Según las fuentes, la intervención en los despachos de estos funcionarios y la expulsión de los mismos responden a una estrategia interna dentro del régimen de Ortega-Murillo, dirigido por Rosario Murillo, que busca eliminar a aquellos considerados “desleales”.

Este movimiento también refleja las tensiones y disputas internas dentro de la cúpula judicial, que lleva años marcada por el control y la represión.

La corrupción y el rol de Obando

Dora Nadezha Obando, conocida por su cercanía al régimen, fue señalada por su implicación en diversas prácticas de corrupción dentro del sistema judicial.

Según fuentes internas, Obando participó en el cobro por agilización de trámites de títulos de abogados y notarios, y en el tráfico de influencias dentro de los juzgados y registros públicos. También fue señalada por su papel en la “cacería” de funcionarios no alineados con el régimen desde 2018.

La caída de los miembros de esta familia refleja una dinámica interna del régimen en la que los aliados políticos son eliminados cuando ya no se consideran “útiles” o se perciben como una amenaza para el control del poder judicial.

El caso de Marvin Aguilar y su círculo cercano

Marvin Aguilar, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fungió como “presidente en funciones” durante la última gestión, ha sido uno de los grandes afectados por esta purga.

La caída de Aguilar, quien había sido un aliado cercano del régimen y apadrinado por Lenín Cerna, ha sido descrita por algunas fuentes como un “triunfo” para algunos funcionarios sandinismo dentro del Poder Judicial.

Según fuentes, el magistrado y su asistente, Nadezha Obando Cerna, fueron interrogados por la Policía y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”. Tras los interrogatorios, Aguilar fue puesto bajo un régimen de “casa por cárcel”, mientras que Obando Cerna habría quedado detenida.

Además de la caída de Aguilar y su círculo, se ha informado de la destitución de otros funcionarios judiciales de peso, incluidos los jueces Aleyda Irías y Róger Sánchez Báez, quienes también fueron separados de sus cargos sin explicación oficial.

La situación refleja un patrón de purgas dentro del sistema judicial, que ha dejado a muchos trabajadores del sector judicial en una situación de incertidumbre.

También se ha filtrado que, a mediados de febrero de 2025, el régimen de Ortega-Murillo nombrará nuevos magistrados leales a Rosario Murillo, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la consolidación del control absoluto sobre el sistema judicial.