Al menos ocho migrantes de Nicaragua, Ucrania y Afganistán, beneficiarios de programas federales que les permitieron llegar a Estados Unidos, han demandado a la administración de Donald Trump por terminar con tres caminos legales con los cuales ellos y miles de personas más, pudieron vivir y trabajar temporalmente en ese país.
También fueron nombrados como demandantes tres ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a través de estos programas, según un reporte de El Nuevo Herald.
Los ocho migrantes beneficiarios con el parole humanitario creado por el entonces gobierno de Joe Biden, junto con el grupo de defensa Haitian Bridge Alliance, presentaron una demanda federal en Boston que busca revertir la cancelación de los programas que permitieron a cientos de miles de personas, incluidas muchas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ingresar a los Estados Unidos de manera legal y temporal.
Los programas en mención son: el Uniting for Ukraine, que permitió la entrada de 200,000 ucranianos desplazados por la invasión rusa; el programa Parole Humanitario que benefició a unos 600,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; y la Operación Allies Welcome, que permitió la reubicación de 75,000 afganos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.
Según la demanda presentada el 28 de febrero, los migrantes que llegaron a través de estos tres programas confiaron en que el gobierno de los Estados Unidos les proporcionaría protección y una oportunidad para reconstruir sus vidas en medio de la guerra, la persecución y la violencia.
El cierre de estos programas, a juicio de los demandantes, es ilegal y contrario a principios humanitarios fundamentales. Además, argumentan que esta medida está afectando gravemente a personas que ya se encontraban en el país o que tenían planes legales para ingresar.
La demanda solicita que un juez federal declare que los programas son legales y ordene la reanudación de los procesos para quienes aún esperan una respuesta.
El caso destaca la creciente tensión en torno a la política migratoria estadounidense y las decisiones de la administración Trump que afectaron a miles de migrantes.
El exsecretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas había anunciado la reubicación de los afganos en agosto de 2021, y en 2022, la administración Biden estableció el programa de parole humanitario para Ucrania, lo que le permitió recibir a miles de refugiados que huían de la invasión rusa. En el mismo año, el gobierno estadounidense extendió el programa a los migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, creando una vía de ingreso legal que fue criticada por algunos republicanos.
Este cierre de programas de parole humanitario, según organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, ha tenido “consecuencias devastadoras”, especialmente para aquellos que buscan huir de la persecución y reunirse con sus familias en los Estados Unidos.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, expresó que la terminación del programa ha exacerbado la criminalización de los migrantes y ha generado un caos innecesario. “Parece que el caos y la crueldad son el objetivo”, comentó Jozef.
Retos legales adicionales y la incertidumbre para los migrantes
En un caso separado, organizaciones de defensa de derechos humanos demandaron por la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.
Este estatus ha sido crucial para proteger a los migrantes de estos países de la deportación, dándoles permisos de trabajo y permitiéndoles vivir sin temor a ser expulsados hacia naciones devastadas por la violencia, la inestabilidad política y las crisis humanitarias.
Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus, expresó que la medida contra el parole humanitario y el TPS ha puesto en grave peligro la seguridad de miles de migrantes que se encuentran en Estados Unidos, destacando que la decisión no solo afecta a los migrantes, sino también a los patrocinadores estadounidenses que habían comprometido su apoyo a estos programas.
“Se espera una decisión antes del 7 de abril, ese día los venezolanos con TPS perderían su protección”, remarca Ferro, quien agrega: “Estamos esperanzados, porque los argumentos están de nuestro lado”.
En respuesta a la cancelación de estos programas, las autoridades de inmigración de Estados Unidos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podrían proceder con deportaciones aceleradas de migrantes que ingresaron bajo el programa de parole.
La agencia Reuters reportó que el gobierno estadounidense “planea revocar la libertad condicional a unos 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tan pronto como este mes”, al tiempo que valora hacer lo mismo con unos 240 mil ucranianos beneficiados por Biden. Y, en consecuencia, ser deportados de ese país.
El reporte no aclara qué sucedería con los beneficiarios de ese programa que ya han podido cambiar de estatus y cuentan con la residencia estadounidense, como es el caso de los cubanos que han podido acogerse a la Ley de Ajuste tras permanecer un año en el país.
Tampoco hace referencia a los que estarían tramitando un nuevo estatus y cuyas solicitudes estarían en pausa, según trascendió el mes pasado a partir de un memorando gubernamental.