El costarricense Eduardo Ramírez Zamora, sentenciado a 20 años de cárcel por asesinar a su vecino nicaragüense Otoniel Orozco Méndez dentro de un exclusivo condominio en Escazú (Costa Rica) en junio de 2024, cumplirá ahora arresto domiciliario en casa de sus padres, una residencia ubicada en una zona de alta plusvalía en Guachipelín, a escasa distancia de Multiplaza Escazú.
La jueza María Rodríguez Anchía del Juzgado Penal de Pavas autorizó el cambio de medida tras considerar que Ramírez, quien fue sometido a una cirugía de colon, requería cuidados postoperatorios que no podían ser brindados adecuadamente en el centro penitenciario.
La resolución judicial, según el medio tico CRHoy, indica que el acusado debe guardar reposo por al menos seis semanas, mantener un régimen alimenticio específico y seguir controles médicos ambulatorios.
La decisión fue solicitada por el abogado defensor, Andrés Durán López, pero tanto el fiscal Jordy Jiménez como Rodrigo Araya, representante legal de la familia de la víctima, se opusieron a la medida.
Alegaron que el sistema penitenciario sí contaba con capacidad para atender la condición médica del condenado y que su salida ponía en riesgo a la comunidad.
En diciembre de 2024, el imputado aceptó los cargos y admitió haber disparado al menos seis veces contra Orozco. La familia de la víctima, inconforme con la condena, cambió de abogado y presentó una apelación para exigir una pena mayor.
El crimen, ocurrido el lunes 3 de junio de 2024, fue captado por cámaras de seguridad. En los videos se observa cómo una discusión por una llave de paso de agua entre las familias terminó en tragedia: Ramírez acribilló a Orozco en plena vía del condominio.
En la casa del agresor se hallaron al menos tres armas de fuego, incluyendo un fusil tipo AR-15. También se investiga la posible participación de otra persona en el intento de ocultar el arma homicida.
La salida de Ramírez del centro penal generó gran preocupación entre los allegados de la víctima, lo que obligó al Tribunal Penal de Pavas a ordenar, el mismo día, la colocación de una tobillera electrónica.
La medida fue tomada luego de que la Fuerza Pública indicara que no tenía capacidad para realizar visitas periódicas al domicilio del imputado, como se había previsto inicialmente.