Con 91 votos a favor, los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobaron este martes una reforma a la Ley N.º 681, que regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República.
La iniciativa enviada con carácter de urgencia por los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, introduce cambios estructurales y funcionales en el órgano fiscalizador del Estado.
El principal ajuste es la sustitución de las figuras de presidente y vicepresidente por una “co-presidencia” conformada por un hombre y una mujer, según se indica en el nuevo artículo 11 de la ley, bajo el argumento de promover la equidad de género.
“El Consejo Superior estará integrado por un Co Presidente y una Co Presidenta, tres miembros propietarios y tres miembros suplentes, cumpliendo con el principio de equidad de género. El Co Presidente y la Co Presidenta serán nombrados por la Presidencia de la República por un período de seis años, y Juramentados por la Asamblea Nacional”, reza el texto.
Además, se redefine el enfoque de la Contraloría, que ahora tendrá mayor énfasis en la función “preventiva”.
Contraloría más controlada
La nueva ley, ampliamente modificada en más de 40 artículos, también otorga a la Contraloría la potestad de emitir regulaciones, hacer públicas sus investigaciones y remitir casos con presunción penal al Ministerio Público.
El Consejo Superior seguirá integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes, nombrados por la Asamblea por seis años.
Con esta reforma, Ortega y Murillo continúan el proceso de concentración de poder sobre todas las instituciones del Estado, ahora con una Contraloría reforzada en papel, pero alineada al control político del oficialismo.
Ortega consolida control con nuevo nombramiento
Durante la misma sesión, el Parlamento controlado por el orteguismo, aceptó la “renuncia inmediata” de María José Mejía García como miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría, y de inmediato nombró a María Eliette Esquivel Tinoco como su sucesora, también con 91 votos.
Esquivel Tinoco, exfuncionaria del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y de la Procuraduría General de la República, es cercana al oficialismo.
La funcionaria es licenciada en Administración de Empresas por la extinta Universidad Centroamericana (UCA) y posee estudios de posgrado en proyectos sociales y administración pública.