El Senado de Estados Unidos aprobó este 3 de julio un extenso proyecto de ley presupuestario que cambiaría de forma radical el sistema migratorio del país. Denominado por sus impulsores republicanos como One Big Beautiful Bill—o “La Gran Hermosa Ley”—, la legislación contempla el incremento drástico de tarifas migratorias, el endurecimiento de medidas de detención y deportación, y restricciones severas a beneficios sociales para inmigrantes.
Asilo costoso y sin exoneraciones
Uno de los cambios más polémicos es la imposición de tarifas a los solicitantes de asilo político. Quienes buscan refugio en Estados Unidos deberán pagar $100 por iniciar su trámite, y $100 anuales para mantenerlo activo. Hasta ahora, el proceso era gratuito.
Además, el permiso de trabajo asociado al asilo tendrá un costo de $550, y deberá renovarse cada seis meses, lo que representa un gasto considerable para personas que muchas veces llegan huyendo de situaciones de extrema vulnerabilidad.
Otros trámites también verán aumentos sustanciales:
- Solicitud de parole humanitario: $100
- Solicitud de residencia permanente: $1.500
- Renovación de permiso de trabajo: hasta $275
- Solicitudes relacionadas con TPS y ajuste cubano: hasta $500
Ninguna de estas tarifas podrá ser exonerada, incluso en casos de extrema pobreza.
Aumento del aparato represivo
La ley también asigna más de $170 mil millones al fortalecimiento del aparato migratorio, incluyendo:
Construcción y mantenimiento de centros de detención para albergar más de 100.000 personas, incluyendo familias completas.
Contratación de 10.000 agentes de ICE y 5.000 oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Restablecimiento y codificación de la política de “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera del país mientras se resuelven sus casos.
También amplía la llamada “remoción expedita”, permitiendo deportaciones sin audiencia judicial para personas no ciudadanas con antecedentes penales, incluso si tienen años de residencia en Estados Unidos.
Golpe a los beneficios sociales
La legislación bloquea el acceso a servicios esenciales para migrantes, incluso legalmente presentes:
Prohíbe el acceso a Medicaid, Medicare y subsidios del seguro médico del ACA.
Impone requisitos laborales para obtener ayudas como SNAP (cupones de alimentos).
Penaliza a familias de estatus mixto, afectando incluso a niños ciudadanos estadounidenses.