El reconocido economista y analista político nicaragüense Enrique Sáenz, exiliado en Costa Rica, reaccionó con severas críticas al comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en el que se justifican las razones para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a miles de nicaragüenses de la deportación.
Sáenz calificó de incomprensibles y desconectados de la realidad los argumentos del gobierno estadounidense, que presentan a Nicaragua como un país con mejoras sustanciales en infraestructura, economía y desarrollo social.
“Quien lo entienda que lo explique, no a mí, sino a los nicaragüenses”, escribió en sus redes sociales el analista, citando extractos del comunicado oficial.
“¿Saltando en un pie o con los dos?”
En su publicación, Sáenz ironizó sobre cómo podría ser recibido el informe por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo: “¿Saltando en un pie o con los dos?”, preguntó.
Y es que sugiere que los argumentos del DHS podrían ser utilizados por el régimen para lavarse la cara ante la comunidad internacional, justo cuando el país sigue bajo señalamientos por graves violaciones a los derechos humanos, represión política y exilio forzado.
El economista citó párrafos del documento oficial del DHS, donde se asegura que Nicaragua es hoy un “líder en ecoturismo, agricultura y energías renovables”, que ha construido carreteras, puentes y ha invertido en educación, salud y vivienda.
También se afirma que el país se ha convertido en “un destino turístico mundial” y que cuenta con estabilidad macroeconómica.
Una visión cuestionada
Para Sáenz, este retrato ignora completamente la realidad política y social del país.
La eliminación del TPS —añadió— se justifica con argumentos que, aunque puedan ser ciertos en términos técnicos o económicos, omiten el contexto de persecución política, falta de libertades y ausencia de garantías para el retorno seguro de los nicaragüenses exiliados.
“El informe, para quien no lo crea, es público y registra otras perlas del mismo tenor”, dijo Sáenz.
La justificación del DHS
La cancelación del TPS para Nicaragua, oficializada este 5 de julio, se basa en la valoración del DHS de que ya no existen las condiciones que justificaron originalmente su otorgamiento tras el huracán Mitch en 1999.
En un comunicado oficial, el DHS explicó que, si bien algunas condiciones que motivaron la protección aún podrían existir en cierta medida, las mejoras alcanzadas en infraestructura, economía y capacidad institucional permiten a Nicaragua “manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales”.
“Nicaragua ha logrado avances significativos en la recuperación de la destrucción del huracán con la ayuda de la comunidad internacional y ahora es un turismo en crecimiento, líder en ecoturismo, agricultura y energías renovables. Desde la designación original del TPS en 1999, Nicaragua ha visto mejoras en su infraestructura con proyectos enfocados en la construcción de carreteras, infraestructura escolar y acceso a la salud”, sostiene el documento.
Avances citados por el DHS
Entre los logros mencionados se incluyen:
- Inversiones millonarias en infraestructura vial, educación, salud y gestión de tierras.
- Construcción de más de 200 kilómetros de carreteras y puentes para mitigar inundaciones.
- Desarrollo de proyectos para enfrentar la inseguridad alimentaria y mejorar la vivienda.
- Promoción del turismo sostenible, con Nicaragua convertida en “un destino turístico mundial”.
- Implementación de tecnologías para empoderar a agricultores y pescadores locales.
- Estabilidad macroeconómica destacada en el reporte de clima de inversión 2024 del Departamento de Estado, que cita más de 5 mil millones de dólares en reservas extranjeras y un sistema bancario sólido.
- Capacidad de recibir retornados
Otro de los argumentos clave para la terminación del TPS es que, según el DHS, el régimen en Nicaragua “ha estado aceptando regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes finales de deportación durante los últimos cinco años”, lo cual fue calificado como una capacidad de retorno “adecuada”.
El fin del TPS deja a estos migrantes en una situación de incertidumbre, mientras organizaciones pro derechos humanos y sectores del exilio denuncian que Nicaragua sigue siendo un país bajo una dictadura represiva, donde no se garantiza el retorno seguro de quienes huyeron del régimen Ortega-Murillo.