La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de forma expedita este martes una nueva Ley de Territorio Fronterizo que centraliza todo el control del Estado sobre los primeros 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país.
La legislación elimina las normativas anteriores que reconocían la propiedad privada, los derechos de pueblos indígenas y los mecanismos de protección ambiental.
La nueva ley —de apenas cuatro artículos, en contraste con los 49 de la derogada Ley 749 de 2010— declara esa franja como propiedad exclusiva del Estado y la define como una zona estratégica para la soberanía y seguridad nacional.
Según el texto aprobado, su vigencia se activa incluso sin publicación oficial en La Gaceta, bastando su difusión por medios de comunicación escritos o digitales.
Concentración de poder en la dictadura
Con la desaparición de la Comisión del Territorio Fronterizo y su estructura interinstitucional, la nueva normativa concentra todas las decisiones en la dictadura Ortega-Murillo, eliminando cualquier contrapeso.
Además, suprime procesos de consulta, concesiones y principios de desarrollo sostenible que antes estaban contemplados, especialmente en lo referente a territorios indígenas, comunidades afrodescendientes y áreas protegidas.
Rosario Murillo justifica la ley con discurso de “seguridad”
La co-dictadora Rosario Murillo, celebró la aprobación unánime de la ley, alegando que esta delimitación es “vital” para prevenir “amenazas externas” y enfrentar delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado.
¿Un traje a la medida para concesiones mineras?
El ambientalista Amaru Ruiz advirtió que la aprobación de la ley responde al interés del régimen de legalizar concesiones mineras otorgadas en zonas protegidas como el Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan y la Reserva de Biosfera Indio Maíz, particularmente a favor de la empresa china Thomas Metal.
“El régimen Ortega-Murillo acaba de aprobar una ‘Ley de Fronteras’ que solo tiene cuatro artículos. Lo hizo porque entregó una concesión minera a la empresa china y se percató de que eso entraba en contradicción con la ley anterior”, denunció Ruiz en sus redes sociales.
Nuevos puestos fronterizos con Costa Rica
Ruiz también alertó que el régimen prevé inaugurar cuatro nuevos puntos fronterizos con Costa Rica entre noviembre y diciembre de este año. Se ubicarán en San Juan de Nicaragua, El Delta, Sarapiquí y Papaturro, lo que podría facilitar aún más movimientos estratégicos y económicos relacionados con intereses extranjeros, en particular los de origen chino.
De zonas de desarrollo a zonas de control absoluto
La anterior ley de 2010 dividía los 15 kilómetros fronterizos en tres zonas: una de Desarrollo e Integración, otra de Seguridad Fronteriza y una tercera de Protección Especial, con regímenes diferenciados que incluían participación comunitaria, propiedad privada restringida solo en áreas sensibles, y respeto por derechos ancestrales. Todos esos elementos han sido suprimidos con la nueva legislación.
La nueva Ley de Territorio Fronterizo representa un avance autoritario del régimen Ortega-Murillo sobre zonas estratégicas del país, despojando a comunidades y territorios de derechos reconocidos por la Constitución y otras leyes especiales. A la vez, blinda legalmente operaciones económicas, como concesiones mineras, con escaso o nulo control ambiental o social.