El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz advirtió que la nueva ‘Ley de Territorio Fronterizo’, aprobada de forma expedita en la Asamblea Nacional de Nicaragua, es un nuevo paso del régimen Ortega-Murillo para apropiarse de la franja fronteriza del país, establecer mayor control militar y facilitar intereses extractivistas, especialmente de empresas chinas.
Ruiz declaró en entrevista con La Mesa Redonda que, la medida pone en riesgo territorios indígenas, áreas protegidas y propiedades privadas, y podría generar desplazamientos hacia Costa Rica.
“No es más que una voluntad de la dictadura del régimen de Ortega y Murillo de aumentar los niveles de control, militarización y ahora apropiación de toda la zona transfronteriza en ambas fronteras”, denunció Ruiz.
El experto explicó que la ley convierte en propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros tierra adentro desde todas las fronteras del país, lo que incluye ciudades, territorios indígenas y zonas ambientalmente sensibles.
La legislación deroga la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que contenía salvaguardas como el respeto a la propiedad privada, la protección de territorios indígenas y la conservación ambiental.
“En la otra ley, había varias cláusulas que respetaban ciertos temas, por ejemplo una de ellas que en el artículo 3 se respetaba la propiedad privada, eso es lo que establecía la ley. Ahora prácticamente declaran que es propiedad del Estado”, alertó,
Ruiz advirtió que esta nueva legislación genera incertidumbre para decenas de comunidades rurales y urbanas ubicadas en la franja fronteriza. “Desde ya genera incertidumbre, genera preocupación sobre lo que va a suceder con la zona y las propiedades que están en la zona fronteriza”, afirmó.
“Recordemos que cuando se aplicó la ley anterior, en 2010, muchas de las poblaciones que eran dueños y que se ubicaban en fincas que estaban fuera de ciudades no pudieron inscribir sus títulos de propiedad a la Procuraduría General de la República. Muchos de ellos querían hacer transacciones de compra y venta y al final el Registro de la Propiedad no los dejó inscribir”, añadió.
Territorios indígenas y reservas naturales en riesgo
Según Ruiz, la ley también violenta derechos establecidos en leyes superiores como la Ley 445 sobre propiedad comunal y la Ley de Autonomía (Ley 28), al abarcar territorios indígenas como el Rama-Kriol, en el sur, y comunidades mayagnas y miskitas en el Caribe Norte.
“Esta ley viola la ley de autonomía, la ley 28, porque esta es una ley que está por debajo de la ley de autonomía y además está por debajo de la ley especial, de la ley 445, que titula los territorios indígenas. Y parte de la zona de frontera del norte y una pequeña parte de la frontera del sur es territorio indígena”, expuso.
El ambientalista también destacó la amenaza que la nueva legislación representa para las áreas protegidas, como la Reserva Biológica Indio Maíz, el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y la Reserva de Biosfera Bosawás.
“En el artículo 22 de la anterior ley, se establecía que se daba prioridad a la protección del patrimonio natural y de los recursos naturales en las zonas de frontera (…) Porque muchas de las zonas fronterizas, sobre todo del sur y el norte, son corredores biológicos naturales”, apuntó Ruiz, que señala que esta nueva norma la elimina, lo que facilita actividades extractivas como la minería y la explotación de hidrocarburos.
En ese sentido, Ruiz recordó que en mayo el régimen derogó el reglamento de áreas protegidas y aprobó la Ley de Áreas de Conservación y Desarrollo, que permite la actividad minera en esas zonas.
“Ahí van a resguardar los intereses de los chinos. Ahí no van a reguardar la soberanía, si la están entregando”, subrayó.
Concesiones mineras y desplazamiento hacia Costa Rica
El ambientalista denunció que el régimen ya ha entregado concesiones mineras en la frontera sur, donde operan grupos de minería ilegal. En esos territorios también se ubican campamentos como “Las Cruces” y “Punta Fina-Cañonero”, que ya han sido objeto de denuncias.
A criterio de Ruiz, hay dos escenarios posibles: una alianza con cabecillas de la minería artesanal, o la expulsión total de estos mineros para entregar el control a empresas industriales.
“Si inicia el proceso de expropiación de estas empresas chinas, va hacer que varias de las familias que están en esas fincas se muevan donde es más barata la tierra. Lo que ha hecho el régimen es desbaratar el marco jurídico ambiental en los últimos años”, aseguró.
“Para Costa Rica ha significado el aumento en los servicios básicos que provee en las zonas límites. Es decir, esta invasión al refugio silvestre lo que ha generado es un aumento de la atención de los servicios públicos de Costa Rica en la zona transfronteriza”, dijo Ruiz, quien pidió al gobierno costarricense manifestarse ante este nuevo avance del régimen nicaragüense.
Un modelo entreguista con rostro militar
La nueva ley ubica el control de la zona en manos del Ejército nicaragüense, bajo el argumento de “reforzar la soberanía” y prevenir delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.
Sin embargo, Ruiz denunció que el verdadero objetivo es otro: “Están entregando concesiones en ese lado de la frontera (Río San Juan). Y eso puede generar mayor impacto”.
“El régimen trata de legalizar lo que es ilegal. Entonces comete el crimen y después crea una ley para decir que es ‘válido’ ese crimen que comete”, sentenció Ruiz.
También lamentó la falta de consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola convenios internacionales como el 169 de la OIT.
El ambientalista hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los organismos de derechos humanos y medioambientales, a pronunciarse y presionar para revertir esta política de tropelía jurídica y ambiental.
“Estamos en un contexto en que Ortega maneja Nicaragua como si fuera una finca personal”, concluyó Amaru Ruiz.