El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual sobre derechos humanos, correspondiente a 2024, en el que denuncia un deterioro significativo de las libertades en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró durante el año. El gobierno intensificó los ataques a las libertades civiles y también violó la libertad religiosa al acosar y detener a feligreses y líderes religiosos”, reza el informe.
El documento, divulgado con varios meses de retraso y reducido este año a su extensión mínima legal por orden del secretario de Estado, Marco Rubio, eliminó apartados habituales sobre corrupción y derechos del colectivo LGTBI, pero mantuvo un capítulo extenso sobre el caso nicaragüense.
Washington señala que el régimen intensificó los ataques a las libertades civiles, restringió gravemente la libertad de expresión y de prensa, y violó la libertad religiosa mediante acoso y detenciones a líderes y feligreses, especialmente de la Iglesia Católica.
Entre las violaciones más graves, el informe enumera ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra opositores en el exilio, censura en Internet, entre otros.
El Departamento de Estado advierte que el régimen nicaragüense no tomó medidas para investigar ni sancionar a funcionarios implicados en abusos, mientras fuerzas parapoliciales —armadas, enmascaradas y coordinadas con la Policía— ejecutaron una campaña de hostigamiento contra ex presos políticos, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, activistas campesinos, empresarios y miembros disidentes del Frente Sandinista.
En materia de libertad de prensa, el informe documenta ataques físicos, amenazas, exilio forzado y confiscación de bienes de medios independientes.
Desde 2018, al menos 276 periodistas han debido abandonar el país, y no se produce prensa independiente en más de la mitad del territorio. Se reporta que el régimen controla directamente ocho de los diez canales de televisión y utiliza granjas de trolls para hostigar en redes sociales a opositores, clérigos y defensores de derechos humanos.
El documento también registra violaciones a los derechos laborales, incluyendo despidos por motivos políticos, sindicatos controlados por el partido oficialista, y condiciones laborales que incumplen las normas de seguridad y salario mínimo, el cual apenas cubre la mitad del costo de la canasta básica.
Asimismo, denuncia actos de tortura y tratos crueles en cárceles como “La Modelo”, donde presos políticos sufrieron desnutrición intencional, aislamiento prolongado, privación de objetos religiosos y agresiones físicas.
El informe dedica un apartado a la represión transnacional, señalando que opositores exiliados en Costa Rica y otros países son vigilados, acosados y amenazados por agentes y simpatizantes del FSLN, mientras sus familiares en Nicaragua enfrentan detenciones, procesos judiciales arbitrarios y trabas para acceder a documentos oficiales.
También acusa al régimen de usar de forma indebida notificaciones rojas de Interpol para perseguir opositores y de negar servicios consulares a críticos en el extranjero.
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado, elaborado desde 1977, sirve como referencia para que el Congreso estadounidense determine la ayuda exterior a cada país.
En el caso de Nicaragua, concluye que la impunidad y el control absoluto del aparato estatal por parte del régimen Ortega-Murillo consolidan un patrón sistemático de represión contra toda forma de disidencia.