La detención de al menos siete opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua, bajo cargos de “incitar la intervención extranjera”, ha provocado nuevas condenas y sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional contra el régimen de Daniel Ortega.
Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), la OEA, entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.
El excanciller José Pallais fue el último capturado, en la ciudad de León, en medio de una redada contra líderes de la oposición que comenzó el 2 de junio con el arresto domiciliar a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro.
La policía investiga a Pallais por “incitar la intervención extranjera en los asuntos internos”, “pedir intervenciones militares” y supuestamente organizarse con fondos externos para “ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” del régimen de Ortega, según un comunicado.
Los delitos imputados a Pallais y a otros seis opositores detenidos, entre ellos cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, están contemplados en la ley de “Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía” y de agentes extranjeros, aprobadas en diciembre.
Sanciones de EEUU
Estados Unidos, que ha considerado arbitrarios los arrestos, llamó el martes “dictador” a Ortega y el miércoles dispuso sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo “al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar a los nicaragüenses”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, al anunciar las sanciones.
Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía, señalada de violar derechos de los nicaragüenses.
Ante la situación, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro pidió, en una carta divulgada en Twitter, suspender la participación de Nicaragua del bloque regional porque considera que en el país “se produjo una alteración del orden constitucional”.
Almagro solicitó entonces al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos de la OEA, realizar una reunión de urgencia para “considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
De su lado, la CIDH y la OACNUDH observaron en un pronunciamiento conjunto que los procesos penales contra los opositores violentan varios derechos y demandaron su “inmediata” liberación.
Según estos organismos, entre los derechos violentados a los detenidos están la libertad personal, principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial y garantías al debido proceso.
La cancelación de la personalidad jurídica a dos partidos de oposición, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y medios de comunicación “continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, dijeron.
Amnistía Internacional de su lado mencionó que ante la “continua violación” de Ortega a sus compromisos internacionales de derechos humanos “requiere una respuesta urgente y enérgica” de la comunidad internacional.
*Con AFP