La dictadura de Daniel Ortega ha expulsado a 263 nicaragüenses y a 21 extranjeros de Nicaragua, sin el debido proceso legal desde 2022, denunció este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano.
El grupo de expertos indicó en un informe, presentado en Costa Rica, que ha documentado 263 expulsiones de nicaragüenses y 21 expulsiones de extranjeros, llevadas a cabo tanto individual como colectivamente.
“Estas personas fueron llevadas a la frontera o expulsadas por vía aérea directamente por las autoridades nicaragüenses”, precisó.
El informe señala que, el 9 de febrero de 2023, 222 personas privadas de libertad por motivos políticos fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, tras acusarlos de “traidores de la patria”.
El perfil de las víctimas expulsadas en febrero de 2023 es heterogéneo e incluye exaspirantes a candidatos presidenciales, defensores de los derechos humanos, abogados, miembros de la Iglesia católica, del movimiento campesino, estudiantes, docentes, periodistas, escritores, empresarios, exmiembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional y personas que ejercieron su derecho a la protestas y/o a la libertad de expresión.
“Sin embargo, todas ellas tienen el común denominador de ser personas opositoras, o percibidas como tales, por representar para la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo una amenaza al control del Estado”, valoró el informe.
Además de la expulsión de las 222 personas excarceladas en febrero de 2023, el grupo de expertos ha identificado 6 casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses (3 mujeres, 34 hombres y 3 niños).
“En un caso se trató de una familia completa; en otros dos se trató de expulsiones colectivas de miembros de la Iglesia católica”, detalló.
También incluyen los 19 miembros de la Iglesia católica, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, que fueron excarcelados y expulsados hacia el Vaticano el 13 de enero de 2024.
De igual forma, el grupo de expertos ha documentado 21 casos de expulsiones arbitrarias de extranjeros con residencia legal en Nicaragua, entre ellos periodistas, cooperantes, sacerdotes y miembros de comunidades religiosas.
Entre ellos ha identificado seis casos de expulsiones colectivas, cuatro de las cuales ocurrieron en el primer semestre de 2023, todas de integrantes de comunidades religiosas.
El informe detalla que las víctimas nunca pudieron someter su caso a revisión ante una autoridad competente.
En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el grupo dijo tener motivos razonables para creer que el régimen de Ortega ha violado de forma sistemática y con intención discriminatoria, el derecho de sus nacionales a la libertad de circulación y de escoger su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, la uruguaya Ariela Peralta y la colombiana Ángela Buitrago, ha denunciado en sus dos informes que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.