La doctora María Nela Escoto, anestesióloga despedida del Hospital Antonio Lenin Fonseca tras reclamar equipos de bioseguridad acusó al régimen Ortega-Murillo de prácticas corruptas y abusos contra el gremio médico, en medio de la pandemia de COVID-19.
Escoto despedida el martes pasado mencionó que la prohibición del uso de mascarillas o al examen de COVID-19, sustitución de causas de muerte, manipulación de datos, y amenazas, están entre las prácticas dentro del sistema de salud nicaragüense.
“Nos prohibieron las pruebas (de COVID-19) a los médicos cuando, de 12, siete médicos salieron contagiados. Lo que dijo el Minsa cuando vio personas con síntomas, fue que no las iba a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población, igual que decían al principio con el uso de mascarillas, que fue el inicio del contagio al personal sanitario”, dijo Escoto, en conferencia de prensa.
Según la Unidad Médica Nicaragüense, unos 450 profesionales de la salud, entre médicos, técnicos y otros, han sido contagiados de COVID-19, al menos 35 han muerto, y 13 fueron despedidos por firmar una carta pública en abril pasado, en la que llamaron a la población a prevenir la pandemia, y demandaron protección al régimen Ortega-Murillo, entre estos, Escoto.
Los datos del gremio no encajan con los del MINSA, que registra un total de 1.464 casos positivos y 55 muertos en todo el país, desde que la pandemia alcanzó a Nicaragua en abril pasado.
“No sabemos de dónde sacan los números, no han dicho cuántas pruebas se han hecho a pesar de que se recibió 26.000, todo eso nos ha llamado la atención, todos los médicos del país estamos pendientes de eso, lo único, que no tenemos, por lo menos en los hospitales públicos, el derecho de hablar, estamos como limitados”, indicó.
DONACIONES Y ALTERACIONES
La anestesióloga, afirmó que, si bien el régimen de Ortega ha recibido donaciones de materiales de bioseguridad, el gremio tiene que comprarlos o esperar donaciones clandestinas para protegerse.
De las donaciones al régimen “no tenemos idea, yo no puedo afirmar dónde están, por lo menos las mascarillas, en los hospitales, no nos proveen, las hemos comprado nosotros los médicos, o a través de donaciones sutiles que nos han llegado”, sostuvo.
Escoto también confirmó las presiones para alterar actas de defunción.
“Si usted va a revisar los certificados de defunción, ninguna dice COVID-19, incluso en los hospitales privados, esa es una orden ministerial en la cual yo lo tengo constatado por los médicos que están atendiendo en las salas COVID-19, los cuales me han expresado que es orden directa no poner COVID-19 en ningún diagnóstico”, indicó.
“Aunque tengan la prueba positiva (de COVID-19) los pacientes, se les pone neumonía atípica, o en la actualidad está indicado que se toca la comorbilidad básica del paciente, por ejemplo, si era diabético, que murió por una causa asociada a la diabetes, si es hipertenso, por algún edema de pulmón u otra complicación asociada”, agregó.
MÉDICOS CON TEMOR
En la conferencia, en la cual Escoto denunció el caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), insistió en que ella siempre denunció las “injusticias”, pero que la mayoría de médicos tiene temor.
“Los médicos dentro de los hospitales sí tienen miedo, porque nuestras voces no son oídas, ni siquiera las sugerencias, no nos dan información de nada, ni siquiera de cuántos pacientes están ingresados, cuáles con COVID-19, cuántos son los más complicados con otras enfermedades, todo es un secretismo, y los médicos en realidad no podemos opinar”, recalcó.