El abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, interpuso ante la Justicia argentina, una denuncia contra el dictador de Nicaragua Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, por delitos de lesa humanidad, por el pretendido arrebato ilegal de su nacionalidad.
Ramírez-Ayérdiz, quien reside en Buenos Aires desde 2019, es secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), organización que respaldó la denuncia del nicaragüense.
La denuncia fue presentada el pasado sábado 4 de marzo. “Nuestro secretario ejecutivo, doctor Danny Ramírez-Ayérdiz, presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ante el Juzgado Criminal y Correccional número 4 a cargo del doctor Ariel Lijo, quien actualmente instruye causa contra altos funcionarios del Estado Nicaragüense. El equipo de CALIDH, su Asamblea General, Comisión Directiva y los miembros de nuestros programas, respaldan la denuncia del doctor Ramírez-Ayérdiz y lo acuerpamos y acompañamos en el camino de búsqueda de justicia”, reza un comunicado de CALIDH publicado este lunes.
Ramírez-Ayérdiz “denunció que el acto unilateral y alejado del Derecho Internacional de arrebatamiento de su nacionalidad nicaragüense y demás penas accesorias que el Estado de Nicaragua arbitrariamente le ha impuesto, es un crimen de lesa humanidad y es parte del continuum que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua ―cuyo mandato pedimos se renueve―estableció en sus declaraciones y resumen de su informe difundidos”.
“Me siento particularmente ofendido por estos hechos porque considero que hacen parte de los crímenes de lesa humanidad que han venido cometiendo altos funcionarios nicaragüenses y civiles en contra de la población civil”, dice la denuncia presentada por el abogado nicaragüense.
PIDE CITAR A ORTEGA Y MURILLO
A Ortega y Murillo se les señala “en calidad de perpetradores principales de esta violación de los derechos fundamentales recogidos por el Derecho Internacional y constituye persecución por razones políticas en arreglo con el artículo 7 del Estatuto de Roma”.
Entre las medidas solicitadas por Ramírez-Ayérdiz a la autoridad argentina, está: “Citar a Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua y a Rosario Murillo, vicepresidenta de la República a fin de que comparezcan en carácter de imputados en este proceso y a todos aquellos que se desprendan de las investigaciones que lleva su autoridad en el marco de este proceso”.
CALIDH subrayó que al activar nuevamente la jurisdicción universal, como recomendó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, “queremos enviar un mensaje de esperanza a las víctimas, sus familiares y familiares de víctimas fatales de que hay esperanza al acogerse a los mecanismos penales disponibles en este país (Argentina) y en los que están comprometidos con el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.