Según el último Informe de la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (INCSR 2021) presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el acápite sobre el “Lavado de Dinero”, Nicaragua “sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico y un gran sector informal”.
El documento publicado a principios de este mes, señala las “fuerzas de seguridad”, han “desviado la atención” de la lucha eficaz contra las actividades de lavado de dinero y en cambio han llevado a cabo “acciones represivas contra grupos de oposición, socavando la aplicación de la ley”.
“Los organismos reguladores también usan sus poderes oficiales para monitorear actividades de grupos de oposición a favor de la democracia y para ocultar transferencias gubernamentales ilícitas”, indicó.
El Departamento de Estado apuntó que la familia Ortega podría “buscar trasladar su riqueza a activos y transitar fronteras” por las sanciones aplicadas a sus funcionarios y empresas, lo que representa un “mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero”.
“La politización de las instituciones ALD / CFT es una preocupación importante. En mayo de 2020, OFAC designó a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar la gestión del régimen violaciones de derechos humanos y corrupción. Acosta es el titular del Comité Nacional de ALD / CFT, y su designación es indicativa de la ineficacia del comité ALD / CFT investigar a funcionarios públicos vinculados al crimen organizado. También en 2020, la OFAC designó a Caja Cooperativa Rural Nacional de Ahorro y Crédito, que al parecer controla un estimado de $ 2.5 mil millones en nombre de otra entidad sancionada y funcionarios Gubernamentales clave para las sanciones de conformidad con E.O. 13851. Las designaciones de la OFAC siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos el sistema financiero como la primera familia busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras”, explicó.
Estados Unidos recordó que existe una advertencia sobre el “riesgo creciente de que el producto de la corrupción política nicaragüense pueda ingresar o pasar por el Sistema financiero” de ese país.
El informe afirma que Nicaragua “sigue siendo un tránsito país de estupefacientes y vulnerable al blanqueo de capitales”, y que en industrias prósperas, como oro y carne, constituyen “una vulnerabilidad, especialmente para operaciones de pequeña escala que dependen en gran medida de transacciones en efectivo”.
“Persisten las preocupaciones sobre el uso de las leyes ALD / CFT por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido político gobernante del gobierno, principalmente como herramientas de acoso contra la política nacional de grupos de oposición”, añadió.
El informe sostiene que es común el lavado de dinero en sectores como construcción y adquisición de bienes y servicios.
Incautaciones de dinero son controlado por los leales a Ortega
Asimismo, señaló que en Nicaragua “las incautaciones de dinero continúan creciendo”, y que la unidad del régimen orteguista que administra los fondos incautados “es controlado por los leales a Ortega”.
“La falta de transparencia genera preocupaciones sobre la final destino de los fondos incautados, que pueden destinarse a apoyar actividades represivas contra oposición, con la facilitación del gobierno de Ortega. Según MINREX el gobierno incautaron $ 16 millones en efectivo hasta el 13 de octubre de 2020, la cantidad más alta en ocho años”, subrayó Estados Unidos.
Añadió que el régimen orteguista “fracasa constantemente en hacer cumplir las leyes contra los funcionarios públicos corruptos mientras sus representantes invierten un tiempo considerable y recursos para monitorear y fabricar evidencia contra los grupos de oposición prodemocracia. Esta El enfoque afecta los esfuerzos ALD / CFT, colocando a Nicaragua en mayor riesgo de crimen organizado”.