El Departamento de Estado de Estados Unidos, presentó el lunes 22 de abril su “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” con el objetivo de dar a conocer los avances que se tienen en materia de derechos individuales, políticos, civiles y laborales.
En el caso de Nicaragua, el informe señala que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Nicaragua durante el año” y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a “más de 100 presos políticos en condiciones atroces”.
El Secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que “en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”.
El informe indica que los presos políticos padecen “una grave desnutrición”, no tienen acceso a la luz solar y se les niega servicios de atención sanitaria adecuados, incluido el acceso a medicamentos y tratamientos médicos para enfermedades crónicas.
Añade que organizaciones de derechos humanos han denunciado que presos políticos que han sido golpeados, amenazados, recluidos en régimen de aislamiento durante semanas con mala ventilación “y alimentos y agua envenenados o contaminados”.
El documento destaca los informes “creíbles” de una serie de violaciones graves de los derechos humanos, entre las que menciona las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos inhumanos, así como arrestos y detenciones arbitrarias.
Además, “graves” restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y restricciones a la libertad religiosa, restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país, entre otros.
El informe critica la falta de acciones por parte del régimen para identificar y castigar a los responsables de abusos contra los derechos humanos.
Además, señala la participación de parapolicías y grupos afines al régimen en campañas de acoso e intimidación contra opositores políticos y defensores de los derechos humanos, sin que las autoridades tomen medidas al respecto.
El informe subraya la necesidad urgente de tomar medidas concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.