Nicolás Maquiavelo escribió en su clásica obra El Príncipe (1513): “Un príncipe no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por el que manda”; con este planteamiento Maquiavelo eleva la guerra a un grado de superioridad en el ejercicio de la política, situándola sobre cualquier planteamiento ético, código o norma.
La descriptiva anterior parece ser analógica al desempeño de la dictadura que oprime Nicaragua, y que desde un plano intencionalmente dinástico ha retorcido para sus intereses, la definición de Estado del sociólogo y economista Max Weber, planteada en su obra (1919), La política como vocación: “Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos”, dicha definición presupone que ese monopolio de la violencia, ejercido a través de órganos armados, teóricamente funcionan alejados de intereses personales y políticos, y que brindan protección a los ciudadanos ante las amenazas externas, principalmente contra la integridad territorial (Ejército), y de orden interior (Policía). Esa funcionalidad no ha sido parte de la historia de Nicaragua desde el inicio de su existencia republicana, salvo en fugaces o falaces momentos, como el sucedido durante el período de precaria democracia (1990-2006), cuando dichos órganos supuestamente abrazaron la bandera del apartidismo y sometimiento al poder civil.
De lo anterior derivamos que la funcionalidad de la dictadura se fundamenta en el uso de la fuerza y que su operatividad se asemeja a un cartel del crimen organizado, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las principales actividades del crimen organizado son: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de recursos naturales, comercio ilegal de flora y fauna, venta de medicamentos adulterados y delincuencia cibernética. Lo anterior nos lleva a la pregunta: ¿cuál de esos delitos no ha sido cometido por la pareja dictatorial y sus operadores?
Dicho esto, debemos estar claros que desmantelar la dictadura no puede ser tarea exclusiva de unos cuantos profesionales de la política, que además actúan alejados de la silenciosa demanda de unidad de la población. Eliminar el crimen como norma de conducción del país en la esfera social y económica, va mucho más allá de cualquier intento sociopolítico. La ciudadanía sigue a la espera de ese planteamiento claro y contundente, que exprese no sólo el paso a paso del fin de la dictadura, también demanda conocer el diseño, si es que existe, del nuevo modelo de orden económico y social.
Ezequiel Molina
Abril 29, 2024