El observatorio ciudadano electoral ‘Urnas Abiertas’, en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, (IDEA Internacional) y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, presentó este miércoles el informe titulado: “Nicaragua: elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia” que denuncia las condiciones del proceso electoral y la situación general de los derechos humanos en el país.
“Los resultados recopilados permiten concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral. De modo que, la integridad del proceso está comprometida y, en consecuencia, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad”, reza el informe.
En el informe recoge la observación y monitoreo de las diferentes fases del proceso electoral en Nicaragua entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, destacando que el Consejo Supremo Electoral (CSE) “actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia”.
Que las y los magistrados electorales y los organismos de administración electoral intermedia “son militantes sandinistas, se encuentran bajo el dominio del FSLN o bien son señalados como colaboracionistas con el partido de gobierno”.
El informe también detalla la persecución y encarcelamiento de los siete principales aspirantes presidenciales opositores, el despojo de la personería jurídica a los únicos dos partidos de oposición, el uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales.
“ELECCIONES DEBERÍAN SUSPENDERSE”
“El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular como exigen los estándares democráticos y los convenios y declaraciones internacionales de derechos y libertades suscritos por el Estado nicaragüense. En consecuencia, estas elecciones deben considerarse viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas”, apunta el documento.
El informe recomienda que las elecciones del 7 de noviembre deberían suspenderse hasta que puedan celebrarse de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados y la presencia de observadores internacionales calificados.
“La comunidad internacional debe desconocer estas elecciones e ignorar sus resultados. El régimen autoritario de Ortega-Murillo ha debilitado y manipulado al extremo la institucionalidad y las prácticas democráticas y ha violentado gravemente los derechos humanos del pueblo nicaragüense. En su ambición por perpetuarse indefinidamente en el poder ha despojado de toda integridad al sistema y al proceso electoral”, dijo Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
“Exhortamos a la comunidad internacional a desconocer estas elecciones y a las autoridades que resulten electas, porque se trata de un proceso doloso, viciado, sin ninguna credibilidad ni legitimidad”, agregó el analista internacional.
Las infracciones destacadas por el informe incluyen:
1. Un millón de votantes han sido eliminados del censo electoral, o alrededor del 20% del electorado.
2. Se abolieron tres partidos políticos de oposición y se detuvo arbitrariamente a siete candidatos presidenciales.
3. El régimen orteguista ha impuesto restricciones a aspirantes a candidatos, periodistas, líderes sociales mediante intimidación, amenazas, agresiones, campañas de difamación, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras.
Recomendaciones:
1. Exhortar al gobierno de Nicaragua, desde las instancias nacionales e internacionales, para la suspensión y reprogramación de las elecciones, para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho.
2. Cese inmediato de la represión, libertad plena para los presos políticos y garantías procesales para que se garantice la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Cese de la persecución contra periodistas y medios de comunicación y acceso a la información pública y de participación ciudadana, de acuerdo a lo estipulado en la ley.
3. Implementación efectiva de las reformas necesarias en el marco normativo electoral, incluidas las facultades y la naturaleza del Poder Electoral.
4. Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre.
5. De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones.