*Por Yubelka Mendoza y Anatoly Kurmanaev | The New York Times
Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.
A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.
Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.
La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.
La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.
“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.
La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.
Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.
Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.
Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.
Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.
“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.
La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.
En la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.
Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.
Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.
Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.
“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.
El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.
La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.
El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.
Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.
“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.
La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.
Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.
“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”