Los diputados del Parlamento Europeo pidieron este martes que el dictador Daniel Ortega sea “incorporado sin demora” a la lista de sancionados por la Unión Europea (UE), en la que se encuentra Rosario Murillo por la violación de los derechos humanos en Nicaragua.
Durante un debate, los eurodiputados anunciaron que el próximo jueves, votarán una nueva resolución sobre la “situación de Nicaragua”, en la que además de pedir sanciones directas contra Ortega, condenan la farsa electoral del pasado 7 de noviembre y piden la liberación inmediata de todos los presos políticos.
En la sesión de este martes, los eurodiputados reiteraron que el 7 de noviembre, el régimen de Ortega “orquestó una farsa para dar la aparición de un proceso electoral en Nicaragua, que no fue ni libre ni justo, totalmente antidemocrático, ilegítimo y estropeado por el fraude”.
Ante ello, también pidieron que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.
Estos son los 15 puntos de la resolución que se votará el 16 de diciembre próximo:
- Condena la farsa electoral orquestada por el régimen de Ortega-Murillo el 7 de noviembre 2021, que violó todos los estándares democráticos internacionales de credibilidad, inclusión y equidad y elecciones transparentes. Rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones, y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de este voto amañado; apoya las declaraciones afirmando que estas elecciones completan la conversión de Nicaragua a un régimen autocrático.
- Pide a las autoridades nicaragüenses que defiendan y respeten los derechos humanos y permitan que el pueblo nicaragüense ejerza sus derechos civiles y políticos; pide la celebración de elecciones de acuerdo con los estándares internacionales para asegurar que las aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua se hagan realidad, y que las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso al país sin restricciones.
- Reafirma su solidaridad con la población nicaragüense y condena la violencia, la represión sistemática de los líderes de la oposición política, la represión de la sociedad civil actores, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, así como sus familiares, y en particular las muertes causadas, la impunidad generalizada de los crímenes cometidos contra
- ellos y la persistente corrupción practicada por funcionarios del régimen nicaragüense; recuerda que estos actos representan una clara vulneración de los derechos humanos, la democracia y el Estado de la ley y muestran el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, vicepresidente Rosario Murillo y funcionarios del régimen nicaragüense para defender esos principios y valores.
- Reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, y periodistas, y por la nulidad de los procesos judiciales en su contra; condena el abuso psicológico y físico continuo que enfrentan a manos de la policía y autoridades penitenciarias, de las cuales las mujeres son blanco en particular, y la situación de incomunicación la detención de algunos de ellos sin acceso a sus abogados, familiares o atención médica; recuerda que Nicaragua debe cumplir con las Reglas Mínimas de la ONU para la Tratamiento de los presos (Reglas Nelson Mandela), que sigue siendo una obligación en virtud de ley internacional; exige que el régimen proporcione de inmediato pruebas de que los presos siguen con vida y constancia de su paradero; rechaza el régimen de Ortega decisión de congelar los procesos judiciales en su contra, resultando en prisión preventiva indefinida.
- Exige justicia y rendición de cuentas para todas las víctimas, de conformidad con las leyes de Nicaragua, compromisos y obligaciones internacionales, mediante un proceso imparcial, completo y investigaciones independientes; insta a las autoridades nicaragüenses a emprender una profunda reformas estructurales para asegurar garantías legales mínimas y debido proceso; condena, además, la creciente violencia e intimidación que enfrentan los defensores de los derechos humanos, personas LGBTIQ, mujeres y activistas indígenas en el país, incluidos los feminicidios; insta a las autoridades nicaragüenses a poner fin a la represión y las violaciones de derechos humanos y restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, en particular mediante la derogación de todas leyes restrictivas e ilegítimas y el restablecimiento de la personalidad jurídica de los organizaciones de defensores de derechos; pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas dentro de la ONU Derechos Humanos Consejo.
- Reitera que la única solución a la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional significativo, y lamenta la repetida desconexión y renuencia a hacerlo por parte del régimen nicaragüense; señala que la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, el restablecimiento del estado de derecho y las libertades, la cese de la represión y el miedo, la liberación de presos políticos detenidos arbitrariamente, el restablecimiento de la personalidad jurídica de los partidos políticos arbitrariamente canceladas, el regreso de los exiliados sin exclusiones y con plenas garantías y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país sin condiciones; pide a la UE y a sus Estados miembros que acompañar los esfuerzos actuales y futuros de la sociedad civil para crear las condiciones para un diálogo que conduzca a una transición democrática, en línea con lo establecido en el acuerdos de marzo de 2019.
- Apoya la declaración de la VP / AR considerando todos los instrumentos a disposición de la UE tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que pueden ir más allá de las restricciones individuales, al mismo tiempo, con el objetivo de evitar cualquier medida que pueda potencialmente aumentar las penurias del pueblo nicaragüense; acoge con satisfacción la inclusión de Rosario Murillo en con varios otros en la lista de sancionados que se renovó hasta octubre 2022; pide que se incorpore sin demora a Daniel Ortega a la lista de sancionados.
- Destaca que la corrupción de la que se beneficia directamente la familia Ortega-Murillo y el patrimonio del régimen nicaragüense, que incluye también la devastación de los recursos naturales del país son endémicos y generalizados y están llevando al país a un colapso económico y humanitario; señala que la UE y sus Estados miembros deben mantener su asistencia humanitaria para apoyar a los más vulnerables, mientras explorar medidas alternativas para abordar la corrupción generalizada; pide que la UE y sus Estados miembros, a este respecto, para controlar que los fondos europeos asignados, incluidos a través de instituciones multilaterales y financieras, no contribuyen a fortalecer la corrupción del régimen;
- Está consternado por la creciente criminalización y persecución de los defensores del medio ambiente en Nicaragua; condena los continuos ataques y actos de agresión contra el pueblo indígena de Nicaragua; pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Escazú.
- Pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, incluso mediante juicio monitoreando y visitando a críticos y líderes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario, y para facilitar la emisión de visas de emergencia y proporcionar refugio temporal a razones políticas en los Estados miembros; destaca y elogia el papel clave desempeñado por periodistas y defensores de la sociedad civil, los derechos humanos y el medio ambiente en Nicaragua; solicita que el Servicio Europeo de Acción Exterior refuerce su diálogo regular con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos y fortalecer los mecanismos para apoyar su indispensable labor.
- Lamenta la denuncia de la Carta de la OEA emitida el 19 de noviembre de 2021 por el Canciller de Nicaragua, y destaca que esta decisión también cerraría el acceso del país al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo e implican el retiro de sus mecanismos regionales de protección de los derechos humanos; recuerda que a pesar de su renuncia a la carta, Nicaragua todavía está sujeta a sus obligaciones de otros instrumentos de la OEA, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos; subraya que esta retirada puede tardar hasta dos años en surtir efecto.
- Pide a la comunidad internacional y a los socios democráticos afines que aumenten su presión política sobre el régimen nicaragüense de manera coordinada en los foros con el fin de asistir y conducir a una transición rápida en la que el pueblo nicaragüense pueda recuperar plenamente el orden democrático y la soberanía popular;
- Recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del estado de derecho, democracia y derechos humanos; reitera su exigencia de que, a la luz de la actuales circunstancias, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.
- Reitera su petición de extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia.
- Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Parlamento Centroamericano, el Grupo de Lima y el Gobierno y el Parlamento de la República de Nicaragua.