El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, Rafael Curruchiche, apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo que garantiza la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo y demás autoridades electas para el próximo 14 de enero.
A finales del año pasado, un grupo de ciudadanos obtuvo un amparo en definitiva, que garantiza la democracia en Guatemala, pero esa acción de amparo también vinculaba originalmente a la Feci y a la Policía Nacional Civil (PNC). Por razones de competencia, esa parte de la acción legal se remitió al juzgado noveno pluripersonal, que el pasado 15 de diciembre resolvió de manera favorable.
En la resolución se le ordena directamente a la Feci que “deben proceder diligentemente en apego a los principios que rigen el proceso penal y cuidando de cumplir estrictamente con los plazos procesales establecidos en la ley”.
En el documento también se ordena, que pese a que es una entidad encargada de procesos de investigación para la averiguación de la verdad, deben de garantizar la alternabilidad de mando, que según la Constitución Política de la República de Guatemala será el próximo 14 de enero.
“Deben velar, en su función de hacer cumplir las leyes y su vinculación a la Constitución; por la preservación de la institucionalidad, la defensa del régimen democrático, y velar por la plena vigencia y efectividad del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”, indica la resolución.
La Feci es la unidad del Ministerio Público (MP) que mantiene a su cargo la investigación contra el partido político Movimiento Semilla, partido político que ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Los avances en las indagaciones de la fiscalía, dan cuenta que a su juicio las actas electorales no tienen valor, por una serie de posibles anomalías que habrían alterado, a criterio de la fiscalía, los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio.
Apelación de la Feci
A criterio del titular de la Feci, según hace constar su apelación que ingresó a la CC el pasado 17 de diciembre, a su juicio, no existen argumentos reales que atenten contra la alternabilidad de las autoridades, y que eviten que los ciudadanos electos tomen posesión este 14 y 15 de enero.
“El amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces para crear siquiera remotamente, un mínimo grado de convicción que llegue a hacer creer que existe el riesgo y amenaza que alegan”, señala el jefe fiscal.
La acción de amparo indica que las acciones de ciertas instituciones, incluida la Feci del MP, podrían atentar contra el régimen democrático, extremo que Curruchiche, refuta en el documento.
“Los amparistas no puntualizan, desarrollan ni sustentan en forma razonable, de acuerdo al correcto entendimiento humano, que las diligencias de investigación que efectúa la Feci constituyan alguna amenaza cierta e inminente a alguno de sus derechos”, señala.
Para el jefe fiscal, los argumentos del amparo se basan en mensajes replicados en las redes sociales. “La ineficacia de los argumentos infundados de los amparistas para sustentar la amenaza que alegan su falsedad, falta de seriedad y de respaldo objetivo, se revela en su origen dudoso, ya que indican que sus fuentes son las “redes sociales””.
El verdadero fondo de las acciones legales que cuestionan el sentido de las investigaciones de la Feci, a consideración de Curruchiche, podría tener otro tipo de intenciones.
La apelación de Curruchiche explica que el MP cuenta con una función de investigación respaldada en la Constitución, y que al no existir ningún fondo que busque afectar la democracia, la misma sea dada con lugar y quede sin valor las consideraciones del juzgado noveno pluripersonal.
Curruchiche sancionado por EEUU
Rafael Curruchiche fue sancionado a mediados de 2022 por Estados Unidos por “obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción” y “presentar denuncias aparentemente espurias”.
Según el comunicado de la Casa Blanca, “José Rafael Curruchiche Cacul es el actual jefe de la Oficina Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público: obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la FECI, fiscales, abogados, particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig -a la que perteneció Velásquez entre 2013 y 2019”.
*Con Diario Libre y EFE