La Fiscalía Orteguista pasó de “entrevistados” a “investigados” a los periodistas María Lillí Delgado, María Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, en el caso de supuesto “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense” por el que se acusa a Cristiana Chamorro Barrios, aspirante a la Presidencia de la República de Nicaragua.
“Recibimos una notificación de la Fiscalía que decía ‘entrevista’, entonces cuando nosotros nos presentamos aquí lo primero que preguntamos es en calidad de qué es que estábamos siendo entrevistados, si en calidad de investigados o de testigos. Se nos informó en la recepción a las 8:30 de la mañana que estábamos en calidad de ‘testigos’ y que como testigos de acuerdo al marco jurídico nicaragüense ellos no iban a permitir que ingresara un abogado con nosotros, y hasta donde entendemos es testigos en contra del proceso que se le sigue a la Fundación Violeta Chamorro por supuesto lavado de dinero”, contó la periodista María Lillí Delgado, corresponsal de la cadena Univisión tras salir de la Fiscalía.
“Nosotros les dijimos que íbamos a pasar cada uno por separado, pero con nuestros abogados y se nos insistió que el abogado no podía estar ahí porque estábamos en calidad de ‘testigos’ y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, entonces la Fiscalía ‘basándose en el marco jurídico tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados”, agregó Delgado.
La reconocida periodista señaló que ninguno de los tres citados declararon, debido a la intransigencia de las autoridades de no permitirles un abogado, pero que sí firmaron una declaración, en la que establecen que están dispuestos a colaborar en el proceso siempre y cuando esté un abogado presente.
Los periodistas apuntaron que desconocen porqué los llamaron en calidad de testigos y que les dijeron que los podrían volver a citar.
María Lillí afirmó que todo se trata de un plan para silenciar todo tipo de voz que denuncia la crisis que vive Nicaragua, la crisis de derechos humanos, “eso no es noticia falsa, Nicaragua vive en un estado policial”, concluyó.
“En vista que nos están cambiando la citatoria de ‘testigos’ a ‘imputados’ nos apegamos al artículo 34 de la Constitución y nos reservamos el derecho a no declarar porque se nos impidió estar acompañados con un abogado cuando sabemos cómo funciona el sistema jurídico sin ninguna garantía”, dijo por su lado la periodista María Lourdes Arróliga.