La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su informe anual sobre los retrocesos democráticos experimentados en 2023 por varios países de América Latina, entre ellos Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad” y su aislamiento internacional se ha profundizado.
“El gobierno ha intensificado su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación”, señala el informe.
HRW añadió que en Nicaragua “persisten problemas adicionales como la prohibición total del aborto, los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes y la impunidad generalizada por graves violaciones de derechos humanos”.
Persecución contra críticos
El informe indica que hasta octubre, permanecían encarcelados 81 presos políticos, la mayoría estaban acusados de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”.
Además que el régimen ha despojado “arbitrariamente” de la nacionalidad a 317 personas. “Esta decisión, que viola el derecho internacional de los derechos humanos, dejó apátridas a muchos”.
“Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil y los expedientes académicos de algunos críticos, restringiendo su derecho a acceder a información personal. También borraron del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social su información personal, lo cual privó a muchos de sus pensiones”, anotó.
También denuncia la inhabilitación de la Corte Suprema a 25 abogados y notarios.
Libertad religiosa
El informe destaca que los ataques contra la Iglesia católica, que comenzaron en 2018, “se han intensificado”.
“En agosto de 2022, la policía detuvo al obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno, y lo acusó de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión. En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que Álvarez permanecía incomunicado”, reza el documento.
Además menciona la investigación a la Iglesia católica por presunto “lavado de dinero” y el congelamiento de las cuentas bancarias de varias diócesis; el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, y confiscación de sus bienes.
El documento también denuncia la excarcelación y destierro de 12 sacerdotes, la prohibición de las procesiones de Semana Santa de 2023 y la expulsión de sacerdotes y monjas extranjeros.
Libertad de expresión y asociación
Añade que defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del régimen orteguista son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea.
“Para noviembre de 2023, las autoridades habían clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de mujeres, religiosos, de asistencia internacional y médicos. Esto representa aproximadamente el cierre del 50 % de las organizaciones que operaban oficialmente en Nicaragua antes de abril de 2018. Los cierres han dejado sin servicios esenciales a muchos beneficiarios”, reza la publicación.
Entre 2018 y 2022, el régimen cerró al menos 57 medios de comunicación: 30 en 2022 y 2 en 2023, según informó la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
Y, en agosto, un tribunal condenó al periodista Victor Ticay a 8 años de prisión por “menoscabar la integridad nacional” y “difundir noticias falsas”.
Derechos de los pueblos indígenas
“Los pueblos indígenas y afrodescendientes son objeto de discriminación, lo cual se refleja en índices desproporcionados de pobreza, la apropiación ilegal de sus territorios tradicionales y violencia persistente en sus comunidades”, dice el informe.
HRW denuncia la cancelación de la personería jurídica al partido político indígena YATAMA, y el secuestro de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. “El paradero de Rivera, único representante de YATAMA en la Asamblea Nacional, seguía siendo desconocido al momento de redacción de este informe”.
Entre agosto de 2022 y junio de 2023, la OACNUDH registró ocho ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en el territorio Mayangna Sauni As de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
En marzo, colonos atacaron la comunidad Wilú en el territorio Mayangna Sauni As. Cinco personas fueron asesinadas y 28 familias desplazadas luego de que colonos incendiaran edificios de la comunidad.
“Los colonos han despojado al pueblo Miskitu de unas 21.000 hectáreas de territorio y han desplazado forzosamente a unas 1.000 personas, al parecer para beneficiar a intereses de explotación forestal y minera. Las amenazas de muerte han obligado a algunas autoridades indígenas a exiliarse y el gobierno ha impedido que algunos regresen a Nicaragua”, señala.
El territorio autónomo Rama Kriol, que constituye dos tercios de la Reserva Biológica Indio Maiz y alberga a los pueblos indígenas Rama y afrodescendientes Kriol, también está sometido a una fuerte presión por parte de la ganadería ilegal, agrega.