La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) publicó este viernes 16 de febrero, un informe en el que identifica una serie de patrones represivos utilizados contra las personas presas políticas en Nicaragua, entre las cuales destacan los allanamientos ilegales, las desapariciones forzadas, interrogatorios conjuntos, juicios por videoconferencias y plaga de jelepates en las prisiones.
Desapariciones forzadas
El informe elaborado desde agosto pasado a la actualidad, apunta que las personas detenidas arbitrariamente son trasladados a la estación policial del Distrito III, en Managua, solamente por unas horas o pocos días, para ser trasladados directamente al Sistema Penitenciario, sin haberse presentado de previo formal acusación en su contra.
“Los detenidos ahora son interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario, a diferencia del patrón anterior en el que la policía era únicamente la que ejecutaba estos actos represivos. Actualmente se identificó una participación coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y agentes de la Policía Nacional”, señala la UDJ.
Además, se les niega toda información a los familiares de los detenidos políticos y a sus abogados defensores, incluyendo la constatación de su paradero.
“Esta práctica implica la imposición como política de Estado la ‘desaparición forzada por ocultamiento de paradero’. En este sentido, la UDJ ha identificado un agravamiento de los casos de desapariciones forzadas desde el último trimestre de 2023. Uno de los ejemplos más conocidos el del señor Broklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre de 2023 en su casa de habitación en la Costa Caribe. También el del señor Freddy Quezada, apresado el 29 de septiembre de 2023, y el de Carlos Bojorge, detenido el primero de enero de 2024”, apuntó la UDJ.
El informe, incluso indica que las “autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas ‘en las morgues’, incrementando la zozobra de ellos, lo que constituye otro tipo de tortura”.
“La Policía Nacional y el Sistema Penitenciario Nacional actúan en coordinación para denegar, de manera deliberada, información del paradero de las personas”, criticó la UDJ.
En el caso del Poder Judicial, la UDJ afirma que “no brinda acceso de los expedientes judiciales de los casos”.
Asimismo, el Tribunal de Apelaciones declara “sin lugar los recursos de exhibición personal (Habeas Corpus) sin fundamentación debida”. Mientras que el Tribunal de Apelaciones alega una supuesta existencia de procesos judiciales, pero tampoco brinda los números de expedientes de los casos ni los tipos penales que les imputan a los detenidos.
“Con este accionar, van validando la actuación ilegal de la Policía Nacional”, anotó.
Otro patrón encontrado por la UDJ tiene que ver con el rol de la Defensoría Pública y la Fiscalía. “Ambas instituciones alegan desconocer las detenciones y/o no tener acceso a los expedientes de las personas”.
“Y, para cerrar el círculo de vejaciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos rechazan recibir las denuncias de los familiares sobre la situación en la que se encuentran las personas detenidas por razones políticas. Se trata, pues, de una actuación interinstitucional coordinada que revela la instrumentalización del aparataje estatal para reprimir en Nicaragua”, aseveró.
Juicios por videoconferencias
Respecto a los procesos judiciales, “han aumentado los obstáculos para que los abogados de la elección de los familiares de las personas presas asuman la representación de ley para ejercer una adecuada defensa”, indica el informe.
La UDJ señala que “las autoridades niegan toda información referida a las acusaciones: actas de audiencias, sentencias y los números de expediente judiciales, que son vitales conocer para solicitar la intervención de ley. Todo ello imposibilita ejercer una defensa plena”.
“Hoy en día, cuando se interpone un recurso de exhibición personal, solo se notifica una cédula judicial del Tribunal de Apelaciones con la inadmisión del recurso, porque la persona detenida ‘está a la orden del juez’. Para agravarlo, ya no se menciona quién es el juez a cargo del caso, ni que audiencias celebró, ni qué delitos se les imputan a los detenidos”, apunta.
“En el caso de quienes son acusados por ‘traición a la patria y/o noticias falsas’, las pruebas en su contra son solamente periciales o testimoniales policiales, sobre la base de publicaciones en redes sociales de la persona criminalizada por oponerse al gobierno”, añade el informe.
La UDJ agregó que desde el segundo trimestre de 2023, se identificó que los juicios son celebrados a través de videoconferencias. De modo que las personas presas políticas ni siquiera son llevadas a un tribunal y, en cambio, presencian el proceso desde la cárcel.
“De esa manera pierden la posibilidad de comunicarse libremente con su abogado. Así mismo, anotamos el aumento de vigilancia y persecución contra los pocos abogados que ejercen o intentan ejercer la representación de personas presas políticas en Nicaragua”, denuncia el informe.
Plaga de jelepates, falta de atención médica y de alimentación adecuada
El documento detalla que posterior a noviembre a 2023, se ha identificado una reducción en el tiempo permitido a las personas presas políticas para tener acceso a patio sol.
“Pasó de una hora a la semana, a 30 minutos, ya sea en un solo día o divido en dos. En el caso de las personas recluidas en máxima seguridad, el derecho al patio sol les está totalmente negado o solamente son sacados por unos minutos de sus celdas para fotagrafiarles y simular que el cumplimiento del mismo”, precisa la UDJ.
Asimismo, “persisten los alimentos bajos en nutrientes y/o descompuestos dados por el penal y la falta de agua totalmente potable, pues la que le suministran tienen olor y sabor a tierra”.
“Además, se nos ha denunciado la presencia de plagas de jelepates en las distintas prisiones del país donde hay personas presas políticas. Varias personas presas políticas muestran afecciones de piel tales como ronchas negras y salpullidos que provocan picazón y ardor constante”, detalló.
El informe también denuncia la colocación de cámaras de seguridad dentro de los galerones o celdas de máxima seguridad cámaras de seguridad dentro de los galerones o celdas de máxima seguridad; la falta de atención médica adecuada en las prisiones y “solamente les dan una pastilla acetaminofén para el dolor o suero para los diabéticos”.
“Se sigue sin realizar ningún tipo de exámenes médicos a las personas presas, lo cual es de suma urgencia para quienes tienen patologías de gravedad, como los diabéticos y las mujeres que necesitan hacerse sus chequeos ginecológicos de rutina”, recalcó.
Además, “hay un marcado trato diferencial entre los familiares de presos políticos y reos comunes: a ellos se los deja en espera de la visita por más de cuatro horas y, cuando logran ingresar, no tienen privacidad ya que los acompañan custodios y les toman fotografías”.
La UDJ denunció que en enero de 2023, una de las custodias obligaron a una familiar a quitarse toda su ropa y le tocaron su seno. “Esto es un acto desproporcionado a la requisa y constituye una forma de violencia sexual humillante”.