La situación de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba fue recogida con duras críticas este jueves por la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) en su informe anual 2023.
De los tres países, el grupo observador internacional señaló las condiciones en que viven los presos por motivos políticos, los ataques a la prensa y la grave crisis migratoria que ha llevado a millones de personas a dejar sus países de origen con rumbo, principalmente, a Estados Unidos.
En el caso específico de Nicaragua, el informe señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “profundizó su represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de los derechos humanos”.
La cancelación de unas 2.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) en 2022 y la intensificación de la “represión contra los miembros de la Iglesia católica” son dos de los puntos negativos con los que HRW apunta hacia Nicaragua.
“Los problemas persistentes incluyen una prohibición total del aborto y severas restricciones a la libertad de expresión y asociación”, agrega.
Un total de 209 personas que son “percibidas como críticos” del sistema permanecen encarcelados en la nación centroamericana.
“Desde febrero hasta mayo de 2022, 50 críticos del gobierno, incluidos siete candidatos presidenciales en las elecciones de 2021, recibieron sentencias de hasta 13 años en prisión”, reseña el informe.
Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, se convirtió en uno de los mayores emisores de inmigrantes en situación irregular hacia EEUU en el último período analizado.
Las estadísticas muestran que 200.000 ciudadanos nicaragüenses solicitantes de asilo huyeron de su país entre abril de 2018 y marzo de 2022.
El gobierno de Estados Unidos aprobó el pasado 5 de enero un “parole humanitario” para Nicaragua, Cuba y Haití, a razón de 30.000 visas mensuales entre las tres naciones, una medida similar a otra implementada para los venezolanos que llegaban a la frontera sur del país con México.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a 164.600 nicaragüenses desde enero hasta septiembre de 2022, frente a los 50.000 detectados en todo 2021.