El Canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció que el régimen de Nicolás Maduro retirará a “todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano”.
“Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima”, escribió Gil en sus redes sociales.
En tanto, Gil dijo que el régimen “se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”, al tiempo que dijo que el chavismo “enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano”.
El anuncio llegó horas después de la decisión de Panamá, que fue la postura más fuerte de un gobierno de la región hasta el momento sobre las elecciones en Venezuela.
Panamá aplicó en su decisión una doctrina que considera que los “regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático”, razonó Mulino en una rueda de prensa en la que exigió la revisión de las actas electorales en Venezuela. “Demasiado abusos en Venezuela han ocurrido”, recalcó el mandatario.
El mismo lunes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó oficialmente como presidente a Maduro con el 51% de los votos frente al 44% de los obtenidos por Edmundo González.
El candidato opositor y la coalición a la que representó en las urnas denunciaron al final de la jornada electoral graves irregularidades en el proceso de conteo.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han expresado su profunda preocupación por el desarrollo de los comicios y exigieron la revisión completa de los votos, ante la presencia de observadores electorales independientes. Anunciaron además que solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular”.
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