La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela que depende de las Naciones Unidas, exigió al régimen de Nicolás Maduro que cese la creciente represión en el país y lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el fraude electoral del 28 de julio.
La demanada subraya la necesidad de justicia y rendición de cuentas en medio de un contexto de violencia y represión estatal que ha dejado a al menos 23 muertos, y la detención de al menos 1.260 personas, incluyendo 160 mujeres.
Según la Misión, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, se han registrado 23 muertes relacionadas con las protestas, la mayoría por disparos de armas de fuego.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente. Si se confirma el uso abusivo de la fuerza letal por parte de cuerpos de seguridad o la participación de civiles armados con la connivencia de estos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias deben obtener justicia”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En el caso de las detenciones han sido más frecuentes en el Distrito Capital, Carabobo y Anzoátegui. Sin embargo, el Fiscal General de la República ha aumentado esta cifra a 2200 personas, muchas de las cuales han sido etiquetadas como “terroristas” sin pruebas sustanciales.
Entre las irregularidades en las detenciones se encuentran audiencias telemáticas sumarias, imputaciones desproporcionadas y la negación de información a familiares.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, enfatizó: “Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato. Las autoridades deben respetar las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”.
Entre los detenidos se encuentran dirigentes políticos, periodistas, y defensores de derechos humanos, así como personas que simplemente manifestaron su desacuerdo con los resultados de las elecciones.
Detención de niños
La Misión también ha recibido información preocupante sobre la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido imputados por los mismos crímenes graves que los adultos, sin la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
La Misión continuará su labor de documentación y análisis de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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