El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la inmigración al advertir públicamente que los titulares de la residencia permanente legal (conocida como “green card”) pueden perder su estatus migratorio si tienen antecedentes penales o violan las leyes de inmigración de Estados Unidos.
“Tener una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho”, indicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su cuenta oficial de X (antes Twitter), advirtiendo que los residentes permanentes con antecedentes penales podrían ser detenidos y deportados al presentarse en cualquier puerto de entrada del país.
“Según las leyes de nuestra nación, el gobierno tiene la autoridad de revocar la tarjeta verde si se infringen o se abusa de nuestras leyes”, reiteró CBP.
La agencia no especificó qué delitos provocan la revocatoria del estatus, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señala que crímenes graves como violencia, fraude, tráfico de drogas o falsificación de documentos migratorios son causales claras para iniciar un proceso de deportación.
Además de recordar las obligaciones legales de todo residente permanente —como obedecer las leyes, declarar impuestos, y registrarse en el Servicio Selectivo si son varones entre 18 y 25 años—, CBP insistió en que los portadores de la “green card” deben mantener buena conducta legal y no dar motivos para cuestionar su permanencia en el país.
En el contexto de una ofensiva más amplia
La advertencia se da en medio de una campaña migratoria de línea dura impulsada por Trump, quien ha prometido expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Aunque el enfoque oficial ha sido principalmente contra quienes no tienen estatus legal, también se ha extendido a quienes poseen visas vigentes o residencia permanente.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, agencias como ICE, USCIS y CBP han incrementado su presencia en redes sociales con campañas públicas, llamando incluso a la “autodeportación” de migrantes irregulares y destacando casos de arrestos por crímenes o activismo político.
En las últimas semanas, la administración ha ordenado también la revocación de visas a estudiantes extranjeros presuntamente vinculados con actividades pro-Hamas, como protestas o distribución de material informativo, incluyendo a portadores de residencia legal.
Uno de los casos más notorios ha sido el del activista palestino Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en Columbia, arrestado en su propio apartamento universitario.
Más de 12 millones en la mira
Según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, al 1 de enero de 2024, había aproximadamente 12.8 millones de residentes permanentes legales en Estados Unidos. Aunque la mayoría vive sin infringir la ley, las autoridades han dejado claro que cualquier violación puede poner en riesgo su estatus.
“Este mensaje es claro: nadie con antecedentes penales está a salvo, ni siquiera quienes tienen la green card”, concluyó CBP en su publicación.
Expertos en leyes migratorias recomiendan a los residentes permanentes revisar su historial legal y buscar asesoría profesional si tienen antecedentes o han sido arrestados en el pasado, especialmente si planean viajar al extranjero. Una condena puede convertirse en una sentencia migratoria definitiva.