La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) lamentó este miércoles los argumentos esgrimidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos de Nicaragua, decisión que también afecta a Honduras.
Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la UNAB, cuestionó duramente la narrativa oficial del DHS, que justifica el fin del TPS alegando mejoras en infraestructura, agricultura y turismo en Nicaragua.
“Los contextos únicamente pueden ser comparados si se toman en cuenta los elementos políticos, sociales y económicos, que son determinantes para hacer una ponderación entre ellos. Y este contexto, el que vive ahora mismo Nicaragua, es incomparable con el que vivía hace casi 30 años. ¿Por qué? Porque hoy día Nicaragua vive –producto de la dictadura Ortega Murillo, de corte totalitario que no existía hace casi 30 años– el mayor éxodo de su historia”, afirmó Barberena, al destacar que el 13% de la población económicamente activa ha abandonado el país en los últimos años.
Según la UNAB, el informe del DHS omite elementos fundamentales para una evaluación real del país, como la crisis de derechos humanos, la persecución política, la destitución arbitraria de nacionalidad a disidentes y la sistemática represión contra la sociedad civil.
Todo esto, subrayó Barberena, ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En Nicaragua se están cometiendo de forma generalizada y sistemática crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil”, insistió.
Además, la organización resaltó la contradicción entre el informe del DHS y recientes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien en una visita a Costa Rica calificó al régimen sandinista como “enemigo de la humanidad”.
“Por un lado son enemigos de la humanidad, pero por otro lado ‘son un gobierno que desarrolla progresivamente la economía, el turismo y la agricultura de Nicaragua’”, cuestionó Barberena, que calificó de “enorme incoherencia” el informe del DHS.
La UNAB instó al gobierno estadounidense a reconsiderar su decisión y revisar los criterios que guiaron la cancelación del TPS, subrayando el impacto humanitario que esta medida tendrá sobre miles de familias nicaragüenses que han huido de la represión y la miseria impuesta por el régimen.
“Esperamos que recapacite el gobierno de los Estados Unidos luego de este informe del Departamento de Seguridad Nacional”, concluyó Barberena.