La inversión pública no es prioridad en Nicaragua, dañando la recuperación económica

*Por Expediente Público

El análisis realizado por Expediente Público al comportamiento del Programa de Inversión Pública (PIP) en Nicaragua, evidencia que el Gobierno ha sacrificado en los tres años de la peor recesión económica de las últimas décadas, la principal herramienta para estimular el crecimiento del país centroamericano.

El PIP no ha sido una prioridad para el gobierno de Daniel Ortega, debido a que desde el 2016 al 2021 optó por reducirlo un 23%. Se trató de un recorte de C$2,644.36 millones, alrededor de 87 millones de dólares, que para el segundo país más pobre de América Latina (solo detrás de Haití), ha representado una especie de muro para lograr que su población acceda a mejores servicios de agua potable, carreteras, escuelas, viviendas y otros proyectos de infraestructura que a su vez estimularía la generación de empleos.

En 2016 el PIP fue de 16.992.34 millones de córdobas, pero para el 2021 se aprobó C$14.354.98 millones, reflejan los reportes presupuestarios publicados por el Ministerio de Hacienda.

La “prosperidad” y el “bienestar” que vende el Gobierno en su propaganda no ha llegado a la mayoría de los nicaragüenses, que más bien sufre el incremento del desempleo, carestía de los servicios básicos, alimentación y vestuario, situación que empeora por las políticas fiscales con el aumento de impuestos al sector privado y de reducción de la inversión pública estatal.

Nicaragua cayó en una profunda recesión tras la crisis social y política que inició en 2018. En lugar de reducir el peso de la burocracia en el Estado (salarios en personal y gasto administrativo), el Gobierno decidió sacrificar el gasto de inversión, que pasó de representar el 23.25% a 17.61% del gasto total del Presupuesto General de la República (PGR), según cifras oficiales.

En objetivo central del Programa de Inversión Pública es la generación de infraestructura física que apoyará al desarrollo económico y social del país, según los documentos del PGR. Pero de nuevo, en la práctica es más bien el área no priorizada.

Aunque en 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público logró vía reforma presupuestaria, elevar la inversión pública en un 12.25 % (llegando a C$16.817 millones o US$ 480 millones de dólares), esto fue gracias a los recursos de los organismos multilaterales que salieron en “auxilio” de Nicaragua ante la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 y los daños causados por los huracanes Iota y Eta, que afectaron en noviembre del 2020 a la nación centroamericana.

Pero, aún con dicho logro para este 2021 el Ministerio de Hacienda redujo 14% el plan de inversión estatal, tratándose de un gran revés puesto que el principal programa de estímulo económico crecía interanual en promedio del 15.43%, entre 2010 y 2017.

Minimizar pandemia y duras medidas

El gobierno de Ortega ha sido criticado por las asociaciones médicas locales como por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) porque minimizó la pandemia del Covid-19, al negarse a declarar la cuarentena social en el 2020, ya que el presidente dijo que sería “matar” la economía, ya ahogada por la crisis causada por la represión de su administración contra la población desde el 2018.

Con la pandemia la economía nicaragüense se desaceleró, pero no se detuvo como en otros países donde se aplicaron medidas más estrictas para contener el avance del virus. Incluso desde los ministerios, alcaldías y demás instituciones públicas se siguió promoviendo eventos masivos de gente a pesar del riesgo de propagar los contagios del Covid-19.

En cuanto a las medidas de política económica, fueron pocas las asumidas y, en su mayoría, a través de instrumentos financieros. 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), acusó al Gobierno de imponer medidas recaudatorias para evitar el colapso de los ingresos gubernamentales, entre ellas: aumento en las tasas para el registro de marcas y patentes; incremento en los pagos por renta de capital por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI); la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades, lo que aumentó el cálculo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); dudas de valor a las importaciones de algunos productos, nuevas tarifas de impuestos de los timbres fiscales, entre otros.

“Amortiguar” caída del PIB en 2021

Pero esa política de “normalidad” no evitó que el impacto de la crisis sanitaria. Los ingresos gubernamentales de parte de los impuestos sufrieron, pero al final la pandemia y los huracanes fueron una especie de “alivio” para el gobierno de Ortega por la ayuda financiera del exterior. En el PGR 2020 fueron incorporados C$ 5,199.56 millones de córdobas adicionales de préstamos externos, es decir, un incremento del 56.25% de los contratados al inicio.

En total, la inyección de fondos externos por la emergencia sanitaria y de los huracanes es de US$610.04 millones, alrededor de unos 1,208.3 millones de córdobas.

Finalmente, el Banco Central de Nicaragua (BCN) calculó que en 2020 la economía tuvo una caída del 2%, en contraste con lo esperado inicialmente del 4%. Mientras para 2021, el BCN estima que la economía vuelva a crecer entre 2.5% y 3.5%. 

El positivismo y el esperado crecimiento de las autoridades nicaragüenses, no lo comparte el economista y catedrático Luis Murillo, quien hace hincapié en que los préstamos y donaciones fueron recibidas de forma condicional, y en el caso de ser utilizadas para cumplir las supuestas metas presupuestarias, habría poco impacto positivo.

Según Murillo, el capital externo no está orientado a “reactivar la economía” totalmente, sino para “amortiguar” la caída del Producto Interno Bruto (PIB), que, en los últimos tres años, en promedio anual ha sido un 6%, según sus estimaciones.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ha defendido que existen las condiciones para dejar atrás la recesión.

Creemos que el país debería de ir encima del 2.5% de crecimiento y optimistamente podríamos reiniciar la reconexión con la senda de crecimiento que es un 3% de un año post pandemia, creo que sería el inicio de la reactivación de la economía”, aseguró Acosta en una comparecencia en enero pasado.

En 2020, según la última actualización del BCN, el PIB no se contrajo como se había proyectado inicialmente. Se esperaba una contracción del 4.5%, pero según los nuevos números oficiales fue del 2%, un comportamiento que ha sido cuestionado por economistas independientes y las cámaras empresariales puesto que no los retrasos de meses en la publicación de los informes sobre el comportamiento de las actividades productivas e industriales, lo que no permite validar la certeza de lo que el BCN sostiene.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que para 2021 el PIB de Nicaragua crecerá 1.3%, aunque reconoce que será el país de la región con el menor crecimiento.

“El impacto positivo es que el PIB no va a caer tanto como lo ha hecho en los últimos tres años, —del 2017 al 2020, en promedio del 6%—, posiblemente este año, tenga una caída menor, es decir entre el -1 y -1.5 %. La cooperación internacional muy difícilmente va a recuperar esta economía, lo que van hacer es amortiguar para que caiga menos”, sostiene Murillo.

La exministra de Comercio y diputada de oposición (liberal), Azucena Castillo, apunta que la reactivación económica será de forma “ocasional”, ya que “no es un crecimiento institucionalizado, es prestado”. “Ya veremos si la modificación del presupuesto responde a la necesidad del país. Creo que el crecimiento de la economía en este año puede llegar entre 1.5 % o 2%”, calculó la exministra.

En los últimos tres años, las familias nicaragüenses producto de la crisis sociopolítica sufren desempleo, carestía de los alimentos y servicios, inseguridad, y pobreza.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en su Informe de Coyuntura diciembre 2020, señala se cumplirían tres años consecutivos en recesión. Y para el 2021, Funides, proyecta que una recuperación del 1%.

Economista duda

Pero al economista Luis Murillo, le resulta “poco probable o casi nulo” que el gobierno de Nicaragua logre cumplir las metas presupuestarias enarboladas para este año.

“Muy difícilmente creo que se van a cumplir las metas de un crecimiento positivo del 2.5% del PIB. El problema y no creo que lo hagan, es que, si aumentan el PGR en un 25%, esto podría crear un problema de inflación, que hasta la fecha han —el gobierno— mantenido controlado”, refiere el economista.

El economista y exdirectivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Edmundo Jarquín, señala que los desembolsos de los organismos externos significan en buena parte “un desahogo financiero temporal”, puesto que los créditos abarcan apenas una quinta parte del PBI.

Sostiene que en este año hay dos probabilidades para la economía: “permanecer estancada” o “crecer muy ligeramente”.

“No hay razón para que crezca la economía, ni por el lado del presupuesto, que permanece estancado, ni por el lado de la inversión privada y menos en año electoral, ni ha habido o no se proyecta una elevación sustancial en los precios de lo que exportamos. Si no aumenta la inversión privada, nacional y extranjera, no se puede esperar mayor reactivación de la economía”, alega Jarquín.

Dinero usado para simpatizar con el elector

Las economistas Azucena Castillo y Sucely Donis, investigadora del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), insisten en que de una u otra manera el movimiento de dinero de la cooperación internacional, en pleno año electoral, puede ser utilizado por la administración de turno para ejecutar proyectos que le sirvan de propaganda político electorera al presidente Ortega, quien buscará su cuarto mandato presidencial consecutivo.

Castillo no descarta que parte de la cooperación se use “hacer propaganda política” en año electoral. Mientras, Donis describe como efectos negativos que el uso de los recursos para favorecer al voto a favor de Ortega.

“Da lugar a especular por el hecho que las autoridades dejaron su política de austeridad de las finanzas públicas en un año electoral y la alta suma de gasto público adicional puede ser usada para simpatizar con el elector”, refiere Donis del Icefi.

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