Las más leídas de la semana

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la Policía Orteguista, el régimen de Daniel Ortega a intentado evadir los efectos económicos que conllevan a dicha medida, para ello esta semana traspasó el Instituto que maneja el sistema de pensiones de la Policía a “la presidencia”; reintegró al Ministerio de Gobernación (MIGOB) el control administrativo del Hospital Carlos Roberto Huembes, conocido como “el hospital de la Policía”; incluso se filtró que el régimen orteguista analiza abrir cajas en las Alcaldías del país puesto que en los bancos ya no se pueden pagar las multas de Tránsito; a ello se suma que las gasolineras ya no le venden combustible a la institución policial por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua” en el contexto de las protestas que iniciaron en 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.

Otro tema en la palestra nacional e internacional es el coronavirus (COVID-19) que esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia, los países a extremado medidas para prevenir y contrarrestar la enfermedad. Pero en Nicaragua, el régimen orteguista ha actuado de manera irresponsable al convocar marchas y exponer a las personas al contagio, justificándose en que supuestamente el coronavirus no ha entrado al país.

Estas son las notas más leídas de La Mesa Redonda:

Ortega toma control del sistema de pensiones de la Policía

Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU)

Los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron el jueves 12 de marzo, la Ley del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU) que quita el control administrativo del sistema de pensiones a la Policía Orteguista, y se lo dio al dictador Daniel Ortega, esto luego que Estados Unidos sancionara a la institución policial.

La ley fue aprobada por 70 diputados orteguistas y uno de los aliados del Partido Liberal Independiente (PLI). Mientras que 12 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra.

El ISSDHU es la institución que maneja las futuras pensiones de los trabajadores de: la Policía; la Dirección General Sistema Penitenciario Nacional; la Dirección General de Migración y Extranjería; la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; los órganos centrales del Ministerio de Gobernación; y el personal que conforma el ente autónomo y que no está afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Y aunque Ortega le quita el control administrativo a la Policía, mantiene en el consejo directivo a tres representantes de la jefatura policial, junto al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Hacienda y de los pensionados y jubilados.

La diputada del PLC, Azucena Castillo, señaló al diario La Prensa, que esta medida es insuficiente debido a que mientras haya la presencia de jefes policiales en el consejo directivo del ISSDHU persiste el riesgo de que se bloquee toda transacción financiera y los negocios.

“Son tan soberbios que incluyen a tres miembros en representación de la Policía y un miembro de los pensionados. Allí ellos mismos están contraviniendo el objetivo de sacarlo del control de la Policía y adscribirlo a la Presidencia, por lo que siempre está contaminado el ISSDHU”, dijo la diputada.

Castillo, explicó que mientras haya control de la Policía directa o indirectamente en el ISSDHU, “no podrán evadir las sanciones que les hace muy difícil gestionar ese fondo de pensiones, pues la OFAC deja claro que en caso de querer evadir las sanciones trasladando a terceros, estos también son alcanzados: transacciones, compras, ventas, depósitos” agregó.

El 5 de marzo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la institución policial por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

Aunque la sanción no incluía directamente al ISSDHU, ya que este es una entidad autónoma del Estado de Nicaragua, los analistas y expertos previeron que a corto plazo el instituto se vería afectado, por estar adscrito a la Policía.

El régimen orteguista tiene hasta el próximo 6 de mayo como fecha tope para hacer cambios en las relaciones de la Policía con otras instituciones y empresas privadas, incluidos bancos.

El periodista Emiliano Chamorro reportó que la noche del 10 de marzo, se reunieron en El Carmen, altos mandos policiales, Fidel Moreno, Ministerio de Hacienda, y otros políticos para analizar el efecto de las sanciones a la Policía, y analizan crear cajas alternativas en las Alcaldías para multas de tránsito que no se pueden pagar en bancos.

Coronavirus: Minsa proyecta 813 fallecidos y 32.500 casos en seis meses

Minsa proyecta que en seis meses mueran 813 personas a causa del COVID-19

Pese a que el régimen orteguista ha asegurado que en Nicaragua no hay casos de coronavirus (COVID-19), desde ya, en un “Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Introducción de Virus Coronavirus”, elaborado por el Ministerio de Salud (MINSA) con fecha febrero 2020, proyecta que en seis meses habrá 32.500 afectados y 813 fallecidos, después que el virus entre al país.

El documento en poder del medio digital CONFIDENCIAL, señala que este cálculo toma como referencia una tasa de ataque de 0.5% en un período de 180 días.

Según la proyección oficial del MINSA: “Se calcula que pueden haber 32.500 afectados, de ellos el 75% son leves o moderados (24 375) y 25% graves (8125). Si se toma de referencia la letalidad de 2.5% de fallecidos frente a los afectados podríamos tener 813 fallecidos. Los fallecidos son el 80% de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados intensivos, por lo que se calcula que 1,016 ingresarán a UCI”.

“Para atender a los pacientes graves, –agrega el documento del Minsa–, se requieren 451 camas de hospitalización (estancia media de 10 días) y de ellas 79 de cuidados intensivos (estancia media de 14 días) con 79 ventiladores (uno por cama de UCI)”.

En caso de fallecimiento a causa del coronavirus, los cadáveres serán entregados en ataúdes cerrados y deberán ser sepultados inmediatamente para evitar mayor exposición ante el virus, explica el Protocolo.

El documento detalla que la comisión encargada de prevenir, detectar tempranamente y manejar adecuadamente los casos de COVID-19 que pudieran presentarse en el país, está en manos del MINSA, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Aduanas, Aeronáutica Civil y Administración del Aeropuerto Internacional, Empresa Portuaria Nacional, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.

El Protocolo indica que en los puntos de entrada al país como aeropuerto, puntos fronterizos y puertos marítimos se ha establecido un control riguroso sobre las personas que ingresan al país. La tripulación de aviones y los trabajadores de la DGA reportan al MINSA cualquier caso sospecho de coronavirus, que debe ser trasladado a cualquier hospital de referencia en una ambulancia exclusiva para pacientes con esta enfermedad.

Agrega que, en algunos hospitales públicos ya han definido zonas de aislamiento para las personas con síntomas de COVID-19. A todos los pacientes sospechosos les practicarán exámenes de laboratorio y si se confirma el diagnóstico, la persona permanecerá aislada hasta que no tengan síntomas. De forma simultánea, el MINSA monitoreará durante 14 días a las personas que tengan contacto con un paciente infectado.

El Protocolo menciona que, los trabajadores de la salud asignados a la atención de pacientes con coronavirus deberán cumplir estrictas medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio.

El régimen orteguista asegura que hasta la fecha no hay casos de coronavirus en Nicaragua.

Gasolineras le cierran puertas a la sancionada Policía Orteguista

Gasolineras ya no le venderán combustible a la sancionada Policía Orteguista / cortesía

Según reportó el diario La Prensa, una fuente cercana al sector de los hidrocarburos, aseguró que la Policía Orteguista no puede comprar combustibles ni con tarjeta, ni en efectivo en las gasolineras UNO y Puma, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicara sanciones a esta institución por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua” en el contexto de las protestas que iniciaron en 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.

“Desde el día que el Departamento del Tesoro anunció la sanción, se nos bajó la orientación de no venderle combustible a la Policía, ni con tarjeta, ni con efectivo y así se hecho”, aseguró la fuente a La Prensa.

Según el texto del Tesoro, la Policía “es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.

Uno de los resultados de la medida es que se prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con las personas y entidades sancionadas.

Sin embargo, analistas consideran que la también sancionada DNP podría suministrarle el combustible a la Policía, o que el régimen compre combustible para la institución sancionada, pero a través de testaferros.

“Habrá que ver cómo van a resolver esto, cuidado que terminan proveyéndose combustible a través de los ministerios, a través de testaferros del combustible, como que le digás a alguien andá comprame combustible; además hay que aclarar que eso es si llegan vehículos de la Policía identificados, las patrullas digamos, pero si un policía civil llega a comprar combustible en su vehículo, no tendrían por qué negarle la venta”, comentó el general en retiro Hugo Torres, al diario La Prensa.

La Policía Orteguista es la cuarta institución que recibe más presupuesto para la compra de combustibles, para este año se le asignó 75.46 millones de córdobas para combustibles y lubricantes.

CPDH: “Están matando poco a poco a los presos políticos”

Marcos Carmona, director de la CPDH

Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) alertó el viernes 13 de marzo, que varios presos políticos están recibiendo tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades de las diferentes cárceles del país.

Carmona, sostuvo que conocen “de nuevas situaciones que los están matando poco a poco a los presos políticos, porque no se les está garantizando al menos a las personas que están enfermas absolutamente nada” en referencia a medicinas y atención médica.

“Como CPDH sabemos el trato cruel e inhumano que hay en el Sistema Penitenciario y en diferentes cárceles de la Policía, que no hay seguridad y garantías para ninguno de los presos políticos, tenemos temor de que vayan a atentar contra la vida de ellos”, dijo Carmona esta mañana.

Uno de esos casos es el preso político Jaime Navarrete.

“A Jaime lo tienen en una condición precaria, no le están facilitando su alimentación, no le están dando atención médica, no le están suministrando los medicamentos, y lógicamente está en un estado de salud grave”, denunció.

Navarrete secuestrado desde julio de 2019, está teniendo mareos, diarreas, vómitos y “aun así no está siendo atendido como corresponde”, refirió Carmona.

La CPDH tiene previsto para hoy denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los presos políticos de Nicaragua y lanzar un SOS, por las más de 70 personas detenidas por motivos políticos.

Ortega está sancionado por haberse autodeclarado “Jefe Supremo” de la Policía

Dictador Daniel Ortega

El jurista José Pallais, dijo el martes 10 de marzo, que las sanciones que el Departamento del Tesoro aplicó a la Policía Orteguista el pasado 5 de marzo, también son extensivas al dictador Daniel Ortega, por haberse autodeclarado en 2014 como “Jefe Supremo” de dicha institución.

“Políticamente y moralmente el Jefe Supremo de la Policía Nacional está sancionado”, aseguró Pallais.

Las sanciones de Estados Unidos se aplican a la Policía por “ser responsable o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

El texto del Tesoro agrega que la Policía “es responsable del uso de municiones letales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.

Pallais explicó que Ortega “modificó las leyes que regulan la Policía Nacional, modificó la Constitución. Ortega elimina lo que se llama el breaker, el seguro que es lo que estalla cuando hay un problema un cortocircuito y aquí eso era el Ministro de Gobernación, al Ortega eliminarlo directamente se le pasó a incendiar su propia casa porque asumió la dirección, la jefatura suprema. Él (Ortega) es sancionado como parte de esta institución que él desnaturalizó, que él pervirtió, tiene un efecto directo sobre Daniel Ortega como jefe supremo de las fuerzas policiales”.

El jurista señaló que las sanciones a la Policía tienen efectos indirectos en Ortega por haberla involucrado en tareas que no eran las que constitucionalmente le correspondía.

“Desde luego, el golpe político y moral para Ortega como responsable de lo que se señala en esas sanciones es un golpe muy grande que él tiene que asumir en su calidad de responsable de esa institución”, subrayó.

En junio del año 2014, el dictador en su afán de controlar todas las instituciones del país, reformó la Ley 872, “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional”, para imponer que esta estuviera sometida a la autoridad civil “que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo”, en este caso él mismo.

Antes de la reforma, la Policía se encontraba subordinada al Ministerio de Gobernación.

¿Vienen sanciones para el Ejército?

Por otro lado, Pallais indicó que la misma suerte de la Policía podría correr el Ejército de Nicaragua, pues comentó que “hay pruebas circulando en la comunidad internacional” del involucramiento de dicha institución en la represión. A esto se suma que “no ha dado una respuesta contundente” sobre “de qué almacenes salieron esta cantidad enorme de armas (en manos de paramilitares), que solo deberían estar en manos del Ejército”.

“Vemos al Ejército preocupado queriendo dar explicaciones, queriendo actuar con las comisiones de derechos humanos, con los medios de prensa para desvirtuar estas informaciones que desde diferentes orígenes han llegado a diferentes destinatarios, y que ha venido conformando la idea de que el Ejército tuvo algún nivel de cooperación con los mecanismos de represión desarrolladas a partir de abril de 2018”, declaró.

En ese respecto, Pallais consideró que lo mejor que puede hacer el Ejercito es contribuir a que se investiguen las denuncias en su contra.

“La mejor forma que tiene el Ejército para rechazar estos señalamientos es abrirse a una investigación internacional y cooperar con ella”, concluyó.

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