La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció este miércoles que más de 54 medios de comunicación nicaragüenses fueron cerrados o confiscados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Hasta finales de 2023, más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos habían sido confiscados, cerrados o destruidos por orden del régimen Ortega Murillo en un intento de obstaculizar el trabajo del periodismo nicaragüense en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos”, señaló el Colectivo en un informe.
El Colectivo destacó los casos del el diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias.
Ante el cierre de estos medios y los ataques de la dictadura, la “valiente respuesta del periodismo y los medios de comunicación en Nicaragua” fue el surgimiento del “periodismo de catacumbas”, destacó el organismo.
“Las catacumbas eran donde hace siglos los primeros cristianos se refugiaban del asedio contra ellos. Hoy el periodismo nicaragüense en el exilio vive un resurgimiento de medios que mantienen informado a los nicaragüenses sobre los abusos de derechos humanos que a diario se suceden en ese país. Quizás sea una de las pocas cosas positivas que desde el exilio proponen la actual generación de periodistas nicaragüenses”, destacó.
Desde abril de 2018 cuando inició la rebelión cívica en Nicaragua, periodistas y medios de comunicación han sido objeto de amenazas, persecución, encarcelamiento, tortura, destierro, desnacionalización y despojo de sus propiedades.
242 periodistas exiliados
La ONG, detalló que entre 2018 y 2023, al menos 242 periodistas se han visto forzados a abandonar Nicaragua debido a las amenazas, persecución u órdenes de arresto solo por el hecho de informar.
“Para muchos de ellos este cambio ha sido difícil y ha representado un desafío en sus condiciones económicas de vida que los ha llevado incluso a buscar otros medios de subsistencia”, apuntó.
Un periodista preso
El Colectivo recordó que el periodista Víctor Ticay corresponsal de Canal 10, tiene casi 11 meses detenido en las cárceles del régimen Ortega Murillo.
Fue condenado a ocho años de prisión bajo la acusación de difundir información “falsa” y “conspirar para desestabilizar la integridad nacional” solo por transmitir una actividad religiosa.