Memoria en Nicaragua: un terreno en disputa

*POR EXPEDIENTE PÚBLICO


A casi tres años del aniversario de la insurrección de abril de 2018 en Nicaragua, organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos continúan señalando la importancia de mantener viva la memoria de todos los casos de los asesinados y demás abusos cometidos por el Estado nicaragüense, que durante todos estos años ha impedido una investigación imparcial para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. El gobierno de Daniel Ortega privilegia la impunidad.

Maycol Reed-Hurtado, director de operaciones del Guernica Central for International Justice, explicó que deben ser los nicaragüenses quienes definan los procesos de hacer memoria, como principio para que no se repitan los ciclos de violencia institucional contra la población.

“Creo que vale la pena reflexionar sobre ese rol que el Estado nicaragüense ha jugado, en cómo se recuerda sobre el pasado con el fin de proyectar el actual impulso que se le quiere dar a la memoria en Nicaragua”, dijo el experto colombiano en derecho internacional.

Reed-Hurtado explicó cómo el gobierno busca silenciar las voces que cuentan hechos atroces y arbitrarios, casos que han dejado su marca indeleble en familias y colectivos sociales, y para él, si estos son olvidados, la sociedad futura los ignorará o negará, por eso la importancia de mantener la memoria de todos los acontecimientos en el contexto de la crisis de Nicaragua.

Hacer memoria frente al silencio y olvido

Por otro lado, Reed-Hurtado recalcó que no olvidar los crímenes contra el pueblo es una forma de desafiar y transformar el poder, y desde abril del 2018 “la memoria se ha convertido en un elemento constitutivo de un nuevo espacio cívico nicaragüense”.

El rol que estas instancias defensoras han jugado en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, también fue reconocido durante el panel “Memoria, Verdad y Justicia”, el 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad, fecha declara por Naciones Unidas en homenaje a la memoria de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 en El Salvador.

En el foro fue expuesta la falta de acceso a la justicia para al menos 328 muertos y miles de heridos registrados por organismos humanitarios en Nicaragua, como producto de los ataques de policías y civiles armados contra las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

El encuentro virtual fue organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización que nació desde el exilio debido a la persecución y criminalización por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien obligó el desplazamiento de sus actuales miembros hacia Costa Rica. Unos 100 mil nicaragüenses se exiliaron a Costa Rica debido a la represión policía y el desempleo en el contexto de la crisis social.

Un paso más del derecho a la verdad

Para Pablo Parenti, fiscal de Argentina y ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, el derecho a la verdad usualmente se ejerce desde la Sociedad Civil frente al Estado, que cuando este es perpetrador, las posibilidades de ejercer ese derecho de verdad y de justicia son mínimas.

En mayo de 2018, la CIDH anunció la creación del GIEI para coadyuvar las investigaciones de los hechos de violencia en los primeros dos meses del estallido social en Nicaragua, sin embargo Parenti, señala que fue un gran desafío no tener el apoyo del Estado.

“Según el convenio que había firmado el Estado de Nicaragua con la CIDH y la OEA íbamos a trabajar no solo a nivel de tratar de esclarecer los hechos sino a nivel de justicia, es decir, se suponía que íbamos a co-actuar con la fiscalía, sin embargo, el escenario que encontramos fue de total ausencia del Estado, nos permitieron estar en el lugar, pero no reunirse con nosotros y no contestaron las notas de solicitud de información”, aseguró Parenti.

Sin embargo, con el apoyo de la Socieda Civil, notas de prensa y evidencias en redes sociales, pudo construirse un informe que fue publicado el 21 de diciembre de ese mismo año, en el que se confirmaba que el gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.

Nunca más dictadura, impunidad y olvido

Desde el inolvidable abril de 2018, la crisis ha provocado más de 100 mil nicaragüenses exiliados, más de 2,000 personas heridas, más de 300 asesinatos que siguen esperando justicia y alrededor de 125 personas presas políticas.

Gonzalo Carrión, director del Colectivo Nicaragua Nunca Más, además de recordar lo difícil que fue abandonar su país, lamentó que la historia de lucha implique a más de 100 mil víctimas en solo 50 años y aprovechó para dejar un mensaje a la sociedad nicaragüense.

“No olvidamos a todas las víctimas que tienen nombre y que tienen historia, a sus familiares sobrevivientes, a los 125 presos y presas políticos no los olvidamos, la agenda de derechos humanos la tenemos presente en nuestro actuar, a toda la gente de Nicaragua que siga resistiendo, a los más de 100 mil exiliados con el sueño de regresar”, se despidió Carrión.

“El Estado de Nicaragua no salió a discutir ese informe, ni sacó alguna información que aportara o descalificara el informe. Creo que esa ha sido la estrategia del Estado, seguir adelante y no salir a discutir los hechos”, aseguró el fiscal argentino.

Juan Carlos Arce, integrante del Colectivo, reconoció la fuerza que las mismas víctimas les han impulsado para prevalecer en su lucha de búsqueda de la verdad y la justicia como organización, luego de tres años de la tragedia que vive Nicaragua.

“Esa fuerza no nació en Costa Rica, nos acompañó cuando cruzamos la frontera, esa fuerza ha estado ahí y de alguna manera la hemos ido acumulando desde que estuvimos en el Cenidh, en donde aprendimos mucho de la doctora Núñez”, finalizó el defensor.

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