El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo préstamo por 235 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, supuestamente destinados a la ampliación y mejora de carreteras en Nicaragua.
La operación quedó oficializada este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el acuerdo, los fondos se dividirán en dos contratos: 138 millones para un primer tramo y 97 millones para un segundo, que serán ejecutados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El contrato será suscrito en nombre del régimen por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre, hijo del actual titular del MTI, quien además estará a cargo de la ejecución de los recursos.
La decisión del BCIE ocurre pese a los cuestionamientos internacionales por su historial de financiamiento a la dictadura, incluso en los momentos más críticos de represión política y religiosa.
Entre 2018 y 2022, bajo la presidencia del hondureño Dante Mossi, el banco otorgó a Nicaragua más de 2.650 millones de dólares, recursos que incluyeron fondos para la Policía, señalada por organismos de derechos humanos como el principal brazo represivo del régimen.
Documentos oficiales revelan que durante ese periodo el BCIE financió la construcción de comisarías, sistemas de comunicación y un centro de datos policial, además de intentar la compra de autobuses y barcos para operaciones represivas.
Críticos de Mossi lo bautizaron como el “banquero de los dictadores”.
Aunque la actual presidenta del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez Maroto, ha prometido mayor control y nuevas políticas anticorrupción y de derechos humanos, los créditos a Nicaragua no se han detenido.
En marzo de 2024, tras anunciar límites a los préstamos al régimen, la dictadura respondió con una carta en la que acusó a Sánchez de querer convertir al banco en un “campo de batalla política”.
Organizaciones opositoras y exiliados nicaragüenses han denunciado reiteradamente que estos fondos apuntalan la permanencia de Ortega y Murillo en el poder, mientras el país vive bajo represión, exilios masivos y confiscación de bienes de la Iglesia y de la sociedad civil.
Con este nuevo préstamo, el BCIE vuelve a colocarse en el centro del debate regional sobre el papel de los organismos financieros internacionales frente a regímenes autoritarios en Centroamérica.