En una votación exprés y sin debate real, la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo aprobó la desaparición del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y transfirió todos sus bienes, funciones y personal al Ministerio Agropecuario (MAG), ampliando el control directo del régimen sobre la política de tierras y la tecnología del sector rural.
La llamada Ley de Absorción del INTA por el MAG, es una iniciativa enviada un día antes por los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo y respaldada con 91 votos oficialistas.
La norma extingue la personería jurídica del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, fundado en 1977, y convierte al Ministerio Agropecuario en su sucesor “sin solución de continuidad”, asumiendo “todos los bienes, derechos y obligaciones” del ente ahora disuelto.
Con la medida, el MAG no solo absorbe laboratorios, centros de investigación, sistemas, registros y activos financieros del INTA, sino que además amplía significativamente sus atribuciones. Entre ellas, podrá “formular y proponer la política de distribución, propiedad y uso de las tierras rurales del Estado”, una competencia que concentra aún más el control estatal sobre el acceso y manejo de tierras.
El artículo cuarto establece que todos los bienes muebles e inmuebles del INTA pasan “de pleno derecho” a la administración del MAG.
También ordena trasladar al Estado las inscripciones registrales que estuvieran a nombre del instituto y dejar constancia formal de su extinción jurídica.
Entre las propiedades involucradas figura un centro de desarrollo tecnológico inaugurado en 2023 en San José de Cusmapa, Madriz, en un inmueble previamente confiscado a la Fundación Fabretto y rebautizado como “Reserva de Recurso Genético Estación Biológica Coronel Santos López”.
El régimen justificó la decisión como parte de una “transformación estructural del sector agropecuario” orientada al fortalecimiento de la “soberanía alimentaria y la seguridad nacional”, y argumentó que busca modernizar la institucionalidad mediante la unificación de recursos técnicos, administrativos y operativos.
Sin embargo, la ley también deroga el decreto 22-93 que dio origen al INTA y modifica la Ley 290 para ampliar las competencias del MAG, que ahora concentrará la formulación de políticas, planes y estrategias de desarrollo agropecuario; la identificación de la demanda de crédito y asistencia tecnológica; la ejecución de programas de generación y transferencia tecnológica; y la coordinación del sistema nacional en esta materia.
Además, el Ministerio asumirá funciones de fomento a la investigación científica y tecnológica, así como la coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua en programas de protección de suelos y recursos hídricos.
Aunque el texto dispone que el personal del INTA será integrado a la nómina del MAG respetando sus derechos y antigüedad, la eliminación de la autonomía institucional marca otro paso en la centralización del aparato estatal bajo control directo del régimen.
Con esta decisión, el régimen no solo disuelve una entidad técnica con décadas de trayectoria, sino que refuerza su capacidad de decisión sobre tierras estatales, investigación agropecuaria y recursos estratégicos del campo nicaragüense, en un contexto de creciente concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales.