En una nueva movida institucional, la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo aprobó trasladar la Dirección General de Minas —sancionada por Estados Unidos desde 2022— a la Procuraduría General de Justicia, concentrando aún más el manejo del estratégico negocio del oro bajo la órbita jurídica del Estado.
La Dirección General de Minas de Nicaragua, señalada y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde octubre de 2022, fue adscrita este miércoles a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que actúa como representante legal del Estado nicaragüense.
La decisión fue aprobada de forma expedita en la Asamblea Nacional, a propuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo, bajo el argumento de “garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos” y asegurar “agilización de trámites y seguridad jurídica” en el sector minero.
Hasta ahora, la Dirección General de Minas dependía del Ministerio de Energía y Minas. Con la nueva ley, pasa a estar bajo la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, instancia subordinada a la PGJ, que administrará el régimen de concesiones y licencias para la explotación de minas y canteras.
La reestructuración ocurre en un contexto de sanciones internacionales. Washington sostiene que el régimen ha utilizado la estructura minera estatal para evadir las medidas impuestas en junio de 2022 contra la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Según el Tesoro estadounidense, las ganancias del oro han servido para “oprimir al pueblo nicaragüense”.
Las sanciones implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses bajo jurisdicción estadounidense vinculados a la Dirección General de Minas, así como la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades de EE.UU.
Además, la orden ejecutiva faculta al Tesoro a ampliar sanciones a otras personas o empresas del sector aurífero nicaragüense.
Pese a ese escenario, el sector minero continúa siendo uno de los pilares económicos del país. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron 1.391,6 millones de dólares, un 20,1 % más que en 2023, según datos del Banco Central.
El oro es actualmente el principal producto de exportación de Nicaragua. La empresa Calibre Mining encabezó las ventas externas en 2023 y genera alrededor de 3.500 empleos, de acuerdo con cifras oficiales.
La adscripción de la Dirección de Minas a la Procuraduría implica que el control del sector —incluyendo concesiones, licencias y defensa legal ante litigios— queda aún más centralizado en una institución directamente subordinada al régimen.
Más que una simple reorganización administrativa, la medida refuerza el blindaje jurídico del negocio del oro, en momentos en que el régimen enfrenta cuestionamientos internacionales por el uso de los ingresos mineros y por la falta de transparencia en la gestión de los recursos estratégicos del país.