Los seis hijos e hijas del exasesor económico y dirigente histórico del sandinismo Bayardo Arce Castaño, hicieron pública este 2 de marzo de 2026 una carta abierta dirigida a Rosario Murillo y Daniel Ortega, en la que denuncian la detención arbitraria de su padre y alertan sobre un posible deterioro crítico de su salud, en medio de condiciones que califican como tortura.
En el documento, sus familiares señalan que Arce, quien está próximo a cumplir 77 años, lleva siete meses privado de libertad sin acceso a defensa legal ni a un debido proceso.
Bayardo Arce fue detenido la noche del 30 de julio de 2025, cuando decenas de policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) allanaron su casa en Managua, y lo trasladaron al Sistema Penitenciario Nacional.
Aseguran que durante este tiempo ha permanecido en condiciones de aislamiento absoluto, incomunicación y sin atención médica especializada.
“Ha estado sometido a tratos que constituyen tortura física y psicológica”, denunciaron, al detallar castigos de inmovilización corporal y un estado de desamparo legal que consideran incompatible con cualquier estándar mínimo de derechos humanos.
La familia afirmó que la última vez que tuvieron información directa de Arce fue el 7 de diciembre de 2025. Desde entonces, aseguran desconocer su paradero y estado actual, lo que, advierten, lo coloca nuevamente en una situación de desaparición forzada.
A esta incertidumbre se suma la preocupación por versiones no oficiales que indican que Arce habría sido hospitalizado en condición grave, sin que exista notificación formal a sus familiares.
“Tememos que la combinación de aislamiento, castigos, enfermedad, peso y edad podría conducirlo a su muerte”, expresaron.
En la carta, los hijos también advierten que este tipo de prácticas responden a patrones ya observados en otros casos, lo que incrementa el temor de que la situación tenga consecuencias irreversibles.
Ante este escenario, exigieron al régimen nicaragüense información inmediata y verificable sobre la condición médica y ubicación exacta de su padre.
Asimismo, demandaron una prueba pública de vida y acceso a visitas familiares que permitan constatar su estado de salud.
“Hoy está solo, sin posibilidad efectiva de defenderse, sin contacto con quienes lo amamos y enfrentando una amenaza inminente contra su vida”, señalaron, al tiempo que insistieron en la adopción de medidas humanitarias urgentes.
La familia también hizo un llamado al Estado y a quienes respaldan estas acciones a actuar con responsabilidad y humanidad, subrayando que su padre, más allá de su rol público, es esposo, padre y abuelo.
Finalmente, agradecieron a personas y organismos de derechos humanos que han dado seguimiento al caso. En ese sentido, destacaron que Arce ha sido reconocido como preso político.