El defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la represión ejercida por el Estado en Nicaragua continúa expandiéndose tanto dentro del país como contra personas en el exilio.
Arce participó en el diálogo interactivo del 61.º período de sesiones del Consejo, en el que se presentó el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, cuyo mandato fue renovado por dos años mediante la resolución 58/18 para continuar investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018.
Durante su intervención, el defensor subrayó la importancia de mantener los mecanismos internacionales de vigilancia y de seguir documentando los abusos para acercar a las víctimas a la justicia y la verdad.
Según Arce, la represión estatal ha provocado un desplazamiento masivo, con más de 873,000 nicaragüenses que han huido del país en busca de protección, lo que ha convertido a los nicaragüenses en la segunda población del mundo que más solicita refugio.
El activista también denunció la situación de los pueblos indígenas, quienes —según dijo— enfrentan despojo y usurpación de sus territorios como parte de una política estatal, obligándolos a elegir entre el exilio, la persecución o la cárcel.
En ese contexto, mencionó el caso de miembros de la familia Bruno —Rodrigo, Olivier, Evert y Antonio Alberto— a quienes señaló como presos políticos en grave riesgo.
Asimismo, se sumó a la demanda internacional de prueba de vida del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, detenido en septiembre de 2023 y cuyo paradero continúa sin confirmarse, así como de todas las personas en condición de desaparición forzada.
Arce también pidió la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y la adopción de medidas internacionales para el cese de la represión.
Denuncian represión transnacional
En el mismo diálogo participó el defensor Salvador Marenco, también integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien alertó que la represión del Estado nicaragüense se ha extendido más allá de sus fronteras.
Marenco afirmó que su organización ha documentado 199 casos de represión transnacional, que incluyen amenazas, vigilancia, hostigamiento, negación de documentos, apatridia de facto, atentados e incluso asesinatos contra opositores en el exilio, particularmente en Costa Rica y Honduras.
El defensor señaló que estos hechos demuestran que el exilio ha dejado de ser un espacio seguro para quienes huyeron de la violencia estatal, y advirtió que se trata de un patrón sistemático destinado a paralizar las demandas de justicia.
Entre los casos mencionados se encuentran los asesinatos en el exilio de Jaime Luis Ortega, Roberto Samcam y Rodolfo Rojas, así como los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto.
Marenco advirtió además que la represión transnacional desafía la soberanía de los países de acogida y debilita el sistema internacional de protección a refugiados, por lo que instó a la comunidad internacional a reconocer esta dimensión de la crisis y adoptar medidas firmes para proteger a las personas exiliadas y avanzar hacia la rendición de cuentas.