Las cenizas de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, asesinada en Costa Rica, llegaron la noche del sábado 11 de abril a San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, donde era originaria, en medio de muestras de dolor y exigencias de justicia.
El traslado estuvo acompañado por una caravana que partió desde Telpaneca y recorrió más de 20 kilómetros hasta su comunidad, donde familiares, autoridades locales y pobladores coreaban “¡Justicia, justicia, justicia!” en memoria de la joven.
“Este pueblo se ha levantado. Queremos justicia contra ese cobarde que mató a mi hija”, expresó su padre, Maximiliano Merlo, visiblemente afectado.
Las cenizas de Merlo fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de Buena Vista, tras un culto evangélico realizado la misma noche con la participación de familiares y vecinos.
El caso ha generado indignación no solo por la violencia del crimen, sino también por la situación de las hijas gemelas de la víctima, de cuatro años.
La familia materna ha solicitado que la custodia de las menores no quede en manos del entorno del principal sospechoso, sino que sea otorgada a sus familiares en Nicaragua.
Durante las honras fúnebres, cerca de 2.000 personas participaron en una manifestación en la que, además de exigir justicia, respaldaron la solicitud de que las niñas permanezcan con su familia materna.
Merlo había sido reportada como desaparecida durante nueve días antes de ser encontrada sin vida en una fosa dentro de un condominio en Santa Ana, San José.
Por el caso, su expareja, un hombre de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, figura como principal sospechoso.
El Organismo de Investigación Judicial confirmó de manera preliminar que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello, es decir, que la víctima habría sido estrangulada.
Según la investigación, el sospechoso habría contratado maquinaria días antes para realizar movimientos de tierra en la propiedad, presuntamente con el fin de ocultar el cuerpo en un hueco excavado en el terreno.
Debido al avanzado estado de descomposición, las autoridades costarricenses no autorizaron la repatriación del cuerpo, por lo que los restos fueron cremados antes de su traslado a Nicaragua.
El caso continúa en investigación mientras la familia insiste en que el crimen no quede impune y que se garantice el bienestar de las menores.