La Organización de las Naciones Unidas reeligió a Nicaragua como miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para el período 2027–2030, en una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por el historial de violaciones a derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La elección, realizada el pasado 8 de abril por aclamación, incluyó también a países como China y Cuba.
Este comité tiene un rol clave: examina las solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que buscan obtener estatus consultivo ante la ONU, lo que les permite participar en sus espacios e incidir en procesos internacionales.
La decisión resulta especialmente polémica en el caso de Nicaragua, donde organismos internacionales han documentado un cierre sistemático del espacio cívico.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, desde 2018 el régimen ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, en una estrategia dirigida a desmantelar la sociedad civil independiente.
Además, el país mantiene decenas de presos políticos, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, y ha sido señalado por prácticas de represión que trascienden sus fronteras, incluyendo vigilancia, intimidación y ataques contra opositores en el exilio.
Un informe de la organización internacional Civicus refuerza estas preocupaciones: 13 de los 19 países que integran el comité están clasificados como responsables de “cerrar” o “reprimir” el espacio cívico, lo que cuestiona la legitimidad del órgano encargado de filtrar el acceso de la sociedad civil a la ONU.
La contradicción también fue señalada por Estados Unidos, que se desvinculó del consenso de la elección.
Su representante ante el ECOSOC advirtió que tanto Nicaragua como Cuba “siguen reprimiendo a sus ciudadanos y suprimiendo a la sociedad civil”, por lo que no deberían formar parte de un organismo que asesora precisamente sobre estas organizaciones.
La inclusión de Nicaragua en este comité ocurre en un contexto en el que el propio sistema internacional ha documentado patrones sostenidos de abusos, lo que para críticos evidencia una brecha entre los principios que promueve la ONU y las decisiones políticas que adopta.
Con esta reelección, el régimen nicaragüense no solo mantiene presencia en un espacio clave dentro del organismo internacional, sino que también adquiere influencia directa sobre qué organizaciones civiles pueden tener voz en la arena global, pese a su historial de represión interna.