En un nuevo ataque contra la prensa independiente, la co-dictadora Rosario Murillo elevó el tono y calificó de “mentira” la información de críticos y medios de comunicación independientes como un “crimen de lesa humanidad”, en una narrativa que expertos advierten busca justificar la persecución y desacreditar la verdad en Nicaragua.
“Hay quienes piensan que decir la verdad es un descaro. Nosotros pensamos que mentir es un pecado capital, sobre todo cuando la mentira sirve para destruir, cuando la mentira es la base de crímenes, crímenes de lesa humanidad. Cuando se atenta contra un pueblo bueno, contra un pueblo de fe, contra un pueblo cristiano, contra un pueblo que camina en paz, en seguridad para ejercer el derecho a trabajar y prosperar. La mentira es un crimen contra ese pueblo, por lo tanto es un crimen de lesa humanidad” afirmó Murillo, en un discurso cargado de descalificaciones, donde también calificó a los críticos como “traidores” y aseguró que “nadie les cree”.
El señalamiento no es menor. En el lenguaje del derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad están asociados a violaciones graves y sistemáticas contra la población civil, una categoría que organismos como la ONU han utilizado precisamente para documentar abusos cometidos por el propio Estado nicaragüense.
Para analistas, la declaración representa una peligrosa inversión del discurso: la dictadura acusa a quienes informan de los mismos crímenes que Ortega y Murillo han sido denunciados a nivel internacional.
La narrativa de Murillo contrasta con la realidad documentada por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado represión, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales desde 2018.
Lejos de un pronunciamiento aislado, el mensaje se enmarca en una estrategia sistemática del régimen: deslegitimar cualquier voz disidente y consolidar una “verdad oficial” en un país donde el acceso a la información independiente ha sido severamente restringido.
Mientras tanto, periodistas dentro y fuera de Nicaragua continúan ejerciendo su labor en condiciones adversas, ahora bajo una acusación que eleva aún más el riesgo: ser señalados como criminales por informar.