La dictadura Ortega-Murillo devolvió la empresa minera BHMB Mining Nicaragua S.A. al inversionista estadounidense-británico Baruch Rapoport, ocho meses después de haber confiscado la planta y entregado su operación a empresarios vinculados al sector minero chino, recientemente sancionados por Estados Unidos.
El acuerdo fue anunciado este 27 de mayo por la Procuraduría General de Justicia, que informó sobre un “entendimiento” alcanzado entre el Estado de Nicaragua, Rapoport y la empresa BHMB, con el objetivo de “normalizar y reactivar” las operaciones de la planta ubicada en Palacagüina, Madriz.
Sin embargo, el régimen dejó claro que los términos pactados serán secretos.
En el comunicado oficial se establece que “los términos y condiciones específicas de este entendimiento mantienen carácter confidencial”.
La devolución ocurre apenas mes y medio después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a operadores del negocio minero ligado a la familia Ortega-Murillo y a varias empresas chinas involucradas en la toma de BHMB.
Entre los sancionados figuraban las compañías Zhong Fu y Santa Rita, señaladas por Washington como participantes directos en la ocupación de la planta minera confiscada por la dictadura en septiembre de 2025.
Según el Departamento del Tesoro, un grupo de personas irrumpió en las instalaciones de BHMB, expulsó al personal de seguridad y tomó control físico de la propiedad sin que existiera compensación alguna para los propietarios originales.
La confiscación de BHMB generó fuertes repercusiones internacionales. Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, calificó la toma de la empresa como un acto “indignante”, mientras en el Senado estadounidense avanzó una iniciativa de ley para frenar el comercio ilícito de oro y aumentar las sanciones contra el régimen nicaragüense.
BHMB Mining Nicaragua había sido fundada en 2019 con inversión estadounidense y canadiense. Tras su confiscación, el régimen entregó la explotación a empresarios vinculados al ciudadano chino Minhui Sun.
En el comunicado divulgado este martes, la Procuraduría intentó presentar el acuerdo como una muestra de “seguridad jurídica”, afirmando que Nicaragua cuenta con un “sólido marco regulatorio” que garantiza las inversiones nacionales y extranjeras.
No obstante, el caso BHMB se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de confiscación de propiedades privadas durante los últimos años de la dictadura, en medio de crecientes denuncias sobre arbitrariedad estatal, expropiaciones de facto y control político sobre sectores estratégicos de la economía.
El régimen tampoco informó si pagará indemnización por las pérdidas económicas sufridas por la empresa durante el período en que permaneció bajo control estatal y operadores ligados al negocio minero oficialista.