El Gobierno de España descartó por el momento nombrar un nuevo embajador en Nicaragua y confirmó que las relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan limitadas a un nivel mínimo de representación, tras la expulsión de su anterior jefe de misión en Managua, según reporta Europa Press.
La información fue revelada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una respuesta parlamentaria al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, quien consultó sobre la posibilidad de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Según la respuesta oficial, las relaciones bilaterales atraviesan un período de “especial dificultad” desde el pasado 25 de enero, cuando la dictadura nicaragüense expulsó al embajador español y a la segunda jefatura de la embajada, acusándolos de supuesta injerencia en asuntos internos y otorgándoles apenas 24 horas para abandonar el país.
La medida también afectó a cinco cooperantes españoles que trabajaban en Nicaragua.
En aplicación del principio de reciprocidad, España respondió expulsando al embajador de Nicaragua en Madrid y a otro funcionario diplomático acreditado en la misión nicaragüense.
Desde entonces, la representación española en Managua se mantiene únicamente a nivel de encargado de negocios, con el objetivo de preservar los contactos indispensables con las autoridades nicaragüenses y atender asuntos consulares.
El Ministerio de Exteriores explicó que, pese al deterioro de las relaciones, mantiene abiertos algunos canales de comunicación para proteger los intereses de los ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, principalmente empresarios y cooperantes.
El Ejecutivo español reiteró su postura crítica frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que acusa de profundizar una deriva autoritaria y de cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos.
España afirmó que ha condenado de forma constante la persecución contra opositores políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, además de impulsar sanciones dentro de la Unión Europea contra funcionarios vinculados al régimen nicaragüense.
Asimismo, destacó las medidas adoptadas para apoyar a los nicaragüenses afectados por la represión estatal, entre ellas la concesión de la nacionalidad española a personas despojadas arbitrariamente de su ciudadanía nicaragüense.
El Gobierno también recordó que desarrolla junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) un programa de reasentamiento que permite a refugiados nicaragüenses radicados en distintos países de Centroamérica obtener residencia y permiso de trabajo en territorio español.