El pasado 14 de julio de 2026 se presentó públicamente el Atlas de Concesiones Mineras en Territorios Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, un exhaustivo informe que desnuda la vertiginosa y agresiva expansión del extractivismo en el país.
El documento revela una realidad dramática: hasta mayo de 2026, el 25% de todo el territorio nacional ha sido entregado en concesión minera, afectando de forma directa a 18 territorios ancestrales a través de 62 lotes de explotación.
El biólogo Amaru Ruiz, presidente de la ambientalista Fundación del Río —organización ilegalizada por el régimen nicaragüense—, conversó ampliamente sobre los hallazgos de este documento con La Mesa Redonda.
Ruiz advirtió que el avance de la frontera minera no solo viola los derechos territoriales históricos, sino que ha desatado una crisis invisible de salud pública y una devastación ambiental sin precedentes en las principales cuencas hídricas del país.
Un avance voraz que apunta al 40% del país
De acuerdo con los datos actualizados del Atlas, el 25% del suelo nicaragüense destinado a la minería se desglosa en un 22% de concesiones industriales activas y un 3% bajo la figura de “áreas de reserva minera”.
Estas últimas, originalmente concebidas para alianzas público-privadas a través de la empresa estatal Eniminas, pasaron a ser controladas por la Procuraduría General de la República, un órgano que Ruiz califica como un “súper megaministerio” que otorga derechos de explotación de forma discrecional.
Sin embargo, los planes extractivistas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo son todavía más ambiciosos. El régimen proyectó en su marco presupuestario alcanzar el 40% del territorio nacional concesionado.
“El régimen de Ortega Murillo, en su marco presupuestario que estableció cuando inició este nuevo periodo de gobierno, tiró una proyección del 40% del territorio nacional que pretende ser concesionado para las actividades mineras. En años anteriores se había establecido más o menos que se podría otorgar el 30% del territorio nacional porque se excluían a las áreas protegidas del país. Sin embargo, el régimen el año pasado modificó la ley de áreas protegidas y efectivamente permitió la entrada de las concesiones dentro de las zonas núcleo. No estamos lejos de esa proyección, ya el 25 fue concesionado, nos faltarían 15 para llegar a los 40”, denunció Ruiz.
El ritmo de adjudicación es tan acelerado que, incluso mientras el Atlas se editaba (con corte oficial a marzo de 2026), se siguieron entregando tierras.
Ruiz citó que, recientemente, se otorgaron tres nuevos lotes a una empresa de capital chino que abarcan más de 114,000 hectáreas entre la Costa Caribe Sur, Chontales y Boaco.
Además, alertó sobre la existencia de entre ocho y nueve concesiones operando de forma clandestina —sin haber sido publicadas en La Gaceta— para encubrir nexos con empresas sancionadas internacionalmente. Una de ellas es el lote “La Chiripa”, ubicado ilegalmente en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz.
El mapa de los capitales: China toma la delantera
El Atlas identifica con precisión qué capitales globales sostienen el engranaje extractivista en las regiones autónomas y zonas ancestrales. De los 62 lotes que impactan directamente a comunidades indígenas y afrodescendientes, la distribución se configura de la siguiente manera:
- Capital chino: 24 lotes (liderando la expansión con mayor voracidad y rapidez en los últimos tres años).
- Capital canadiense: 15 lotes.
- Capital colombiano-británico: 11 lotes.
- Empresas nicaragüenses: 6 lotes.
- Áreas de reserva minera estatales: 6 lotes.
El espejismo del desarrollo y el fraude de la Ley 445
Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de la Fundación del Río es la nula retribución económica hacia las comunidades locales, lo que configura un escenario de “saqueo y despojo”.
La legislación nicaragüense, específicamente la Ley 445 (Artículo 29), establece que los beneficios de cualquier explotación de recursos naturales en territorios indígenas deben distribuirse equitativamente en cuatro partes iguales (25% para las comunidades, 25% para el municipio, 25% para el gobierno regional y 25% para el gobierno central). Es decir, el 75% de las ganancias debería quedarse a nivel local.
La realidad, no obstante, es completamente opuesta:
| Promesa de la Ley 445 (Art. 29) | Realidad Documentada en el Atlas |
| 75% de los beneficios económicos retenidos a nivel local y regional. | Las transferencias estatales hacia los gobiernos territoriales no alcanzan ni el 0.1% del valor extraído. |
| Desarrollo social y reducción de la vulnerabilidad en distritos mineros. | Los municipios históricos (Siuna, Rosita, Bonanza, La Libertad, Santo Domingo) siguen rezagados en indicadores de pobreza. |
| Autonomía y fiscalización comunitaria de los contratos. | Funcionarios del Estado y del gobierno regional ingresan a los territorios escoltados por el Ejército para favorecer al inversionista extranjero. |
Ruiz también criticó la narrativa de la “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) utilizada por las corporaciones mineras para maquillar el impacto de sus operaciones.
“Me decepciona de que estén hablando de la construcción de una escuela, de darles trajes deportivos de fútbol y de béisbol a las comunidades. Realmente el beneficio económico de lo que generan en términos de ganancia no está yendo a las comunidades”, sostuvo Ruiz, que además apunta que construir infraestructura pública es una obligación del Estado con los impuestos que genera la actividad, no una limosna de la empresa para compensar exportaciones de oro que ya superan los 1,000 millones de dólares anuales.
Catástrofe ambiental y una crisis invisible de salud pública
El impacto biofísico de la minería industrial y artesanal en los ecosistemas hídricos de Nicaragua es alarmante. El Atlas logró comprobar que las concesiones vigentes comprometen gravemente la red fluvial del país, afectando directamente a:
- 163 ríos
- 80 quebradas
- 1,894 kilómetros de red hídrica
Esta intervención pone en riesgo crítico a las grandes cuencas nacionales, como las de los ríos Coco, San Juan, Escondido y Grande de Matagalpa, cuerpos de agua fundamentales para el transporte, la alimentación, la pesca y la cosmovisión de los pueblos originarios.
El peligro del mercurio en el tejido humano
Más allá de la deforestación y la pérdida de caudales, el informe vincula la actividad minera con una emergencia de salud pública. Ruiz citó un estudio científico realizado el año pasado por la organización internacional IPEN (Red Internacional de Eliminación de Contaminantes) en las comunidades misquitas de Liaura y Lilamni.
El análisis de laboratorio determinó que las muestras de cabello de las mujeres misquitas de la zona presentan concentraciones de mercurio muy por encima de los límites máximos admitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo más grave, alertó el biólogo, es que la carga de este metal pesado es transferible a través de la placenta, lo que significa que las nuevas generaciones ya nacen con niveles de contaminación por mercurio en sus organismos debido al uso indiscriminado de este elemento en la minería artesanal, la cual aporta el 75% del oro que luego procesan y comercializan las industrias formalizadas.
Monitoreo bajo el terror y la resistencia en el Pacífico
La recopilación de la información para dar vida al Atlas se realizó bajo un esquema de extrema hostilidad y persecución política. Ruiz relató que el principal obstáculo fue el miedo generalizado a las represalias del régimen.
Muchos liderazgos indígenas y comunitarios ni siquiera sabían que sus tierras habían sido concesionadas desde las oficinas de Managua.
Pese al asedio, la resistencia local logró articularse.
“Durante la presentación compartíamos que había sido motivador cómo las personas y los liderazgos indígenas estaban atentos de esta información y se conectaban a través de sus propios celulares y desde sus casas de habitación para evitar cualquier nivel de represalia. Y yo creo que ese compromiso nos anima a continuar evidenciando cómo avanza el extractivismo minero sobre los territorios indígenas y afrodescendientes del país”, detalló.
Asimismo, Ruiz recordó que la afectación minera no es exclusiva del Caribe nicaragüense. En el Pacífico, Centro y Norte del país habitan comunidades que defienden legados territoriales e históricos que datan de la época colonial, en zonas como Masaya, Ometepe, León, Las Segovias y Matagalpa.
Un ejemplo emblemático es el del pueblo de Muy Muy, que recientemente ganó un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Próxima parada: Denuncia internacional en la CIDH
La gravedad de los hallazgos del Atlas de Concesiones Mineras trascenderá las plataformas digitales. El presidente de la Fundación del Río adelantó que una delegación compuesta por diversas organizaciones civiles y líderes indígenas se presentará el próximo 3 de agosto en Washington, D. C., para testificar en una audiencia oficial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En dicha comparecencia, respaldados por los datos cartográficos del Atlas y la evidencia científica de la contaminación por mercurio, denunciarán formalmente al Estado de Nicaragua por la violación sistemática al derecho de consulta previa, libre e informada, el despojo territorial de los pueblos originarios y la complicidad estatal en un modelo económico que prioriza el capital transnacional a costa de la vida de sus ciudadanos.