La abogada Martha Patricia Molina con una maestría en corrupción y Estado de Derecho, e investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción aclaró este lunes que en Nicaragua “no hay detenciones” en referencia a los opositores encarcelados por la Policía Orteguista en mancuerna con el Ministerio Público, sino personas que están siendo “secuestradas” por orden de la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Yo lo digo y lo sostengo y lo mantengo, en Nicaragua no hay detenciones, porque una detención tiene que seguir ciertos parámetros y requisitos que ya están establecidos previamente en la Constitución Política y también en las leyes internacionales. Por ejemplo, en Nicaragua no se está respetando en ningún momento el principio de inocencia, y es por eso que cuando la Policía Nacional emite algún comunicado presentando a una persona como delincuente, yo desde ahí dudo, porque ya sabemos que esta institución no es de fiar”, declaró la abogada en entrevista con La Mesa Redonda.
Para la experta, en Nicaragua “no se siguen todos los procesos que se establecen en la Constitución y también las garantías que se le otorgan al ciudadano, entonces lo que hay en Nicaragua es un secuestro, cada persona está siendo secuestrada”.
En el caso del Ministerio Público afirmó que “es una institución que forma parte de toda la maquinaria del sistema judicial que está encargado en estos momentos de fabricar delitos”.
“Lo que pasa es que Nicaragua en este momento vive un Estado criminal y el Estado criminal lo que hace es utilizar la norma jurídica para criminalizar a opositores”, aseveró.
Explicó que el Ministerio Público debe ser un ente independiente, que no debe depender de nadie más para dictar sus resoluciones en relación a los comunicados emitidos últimamente en los anuncia “investigaciones” en contra de opositores por supuestamente ser “traidores de la patria”.
“Ahora si vemos al Ministerio Público actuando de manera expedita, rápida y realizando funciones que totalmente no le competen (…) El Ministerio Público lo que está haciendo ahorita y en continuidad de todas las leyes represoras que fueron aprobadas el año pasado, ya era de esperarse que todo esto lo íbamos a estar viendo. Yo había dicho en reiteradas ocasiones que estas leyes tenían nombres y apellidos: Iglesia católica, periodistas, oenegés, abogados; los únicos que se me quedaron por fuera son los médicos”, expresó la abogada.
En el caso de la Policía Orteguista, Molina aseguró que esta institución al mando de Francisco Díaz, consuegro de Ortega, no se está “excediendo” al encarcelar, allanar propiedades y robar bienes a los opositores, sino que está “cometiendo delitos”.
“La Policía lo que está haciendo es cometiendo delitos y vulneraciones de derechos humanos. No vamos a decir que se les pasó la mano, no; son unos delincuentes bajo la mampara que les da la institucionalidad como Policía Nacional (…) Yo no me asusto de lo que está pasando en Nicaragua, si ellos fueron capaces de quemar a dos niños en una casa, dos niños vivos con toda su familia, no me asusto con lo de la colega María Asunción que se le hayan robado su carro”, zanjó.
La abogada subrayó que estas acciones delincuenciales de la Policía no son recientes, ya que en años anteriores –antes de abril de 2018—esa institución se apropió de vehículos de opositores y mató a una familia en relación al caso de Las Jaguitas en 2015.
“En total indefensión”
Para Molina, los nicaragüenses se encuentran en “total indefensión” y no se puede hacer jurídicamente “nada” en este momento.
“Lamentablemente no hay absolutamente ningún mecanismo jurídico para que nosotros podamos hacer frente al actual Estado criminal de represión que se vive en Nicaragua, estamos a merced de dos personas (Ortega y Murillo) que incumplen a diario la Constitución Política y todas las leyes”, comentó.
No obstante, la experta recomienda que todas las personas que sean citadas al Ministerio Público, anoten los nombres y apellidos de los fiscales que los entrevisten porque las leyes penales y la Constitución Política de Nicaragua establece que estas personas “son responsables” por el daño que causen, y en un futuro democrático podrán pagar hasta con sus propios bienes, expuso.
“En un futuro cuando Nicaragua cambie”, la ley permitirá que estas personas que “actualmente están haciendo estos hechos delictivos sean responsables de manera civil y que próximamente el Estado vaya en contra de sus propiedades y bienes para que con estos paguen todo el daño que han causado. No puede quedar esto impune”, dijo.
La experta pide a los nicaragüenses “nunca olvidar lo que estamos viviendo en este momento, porque si lo olvidamos lógicamente lo vamos a volver a repetir en 10 años, en 20 años y todo esto debe ser juzgado”.