A juicio del economista y analista político Enrique Sáenz, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “está determinada a torcerle el brazo a los banqueros” del país con la recién aprobada reforma a la Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, que establece ampliar las sanciones a esas entidades y a sus funcionarios.
La reforma aprobada el pasado 24 de agosto, establece multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria “que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte”.
“Es una ley represiva que al igual que las otras acciones represivas de la dictadura lo que pretende es imponer o profundizar el miedo, la intimidación, no solo en los directivos, en los banqueros, sino en los ejecutivos y empleados de los bancos”, dijo Sáenz en entrevista con La Mesa Redonda.
“Evidentemente -no sé si con todos-, la dictadura está determinada a torcerle el brazo a los banqueros que no ha logrado torcerlos. Hay banqueros que el orteguismo viene buscando cómo torcerle el brazo, en que, como resultado de las sanciones que han impuesto distintos gobiernos a jerarcas del régimen, los bancos para protegerse han tenido que cerrarle cuentas y cancelarles operaciones financieras que realizaban estos sujetos y las empresas a las que estaban vinculados”, expuso.
El régimen sancionaría a los funcionarios de la banca con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, “sin perjuicio de las demás sanciones que la legislación establezca”. Y, en el caso de los directores, la multa será mayor, en el caso de que las infracciones sean muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podrá ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor.
Según el régimen, la reforma a la ley es porque “el Estado de Nicaragua ha expresado su firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva con el objetivo de proteger la economía nacional”.
No obstante, el economista asegura que el régimen Ortega-Murillo transformó en “legal” algo que “ya realizaban de hecho”.
“Le dan una forma legal, y todas las acciones de hecho que realizan tratar de darles posteriormente una cobertura legal para intentar vender su discurso ante la comunidad internacional”, señaló. “Actúan de hecho, aplastan y después intentan darle cobertura legal”.
Sáenz explicó que los bancos nicaragüenses con el tema de las sanciones que gobiernos extranjeros han aplicado a funcionarios orteguistas, han preferido conservar sus operaciones al cerrar las cuentas y transacciones financieras “con la mafia en el poder”, que exponerse a ver afectadas sus corresponsalías y demás servicios.
“Entonces ellos (la dictadura), impusieron una ley ‘con una cobertura inocente’ e hicieron una reforma a la ley de consumidores que jamás los defienden. En este caso aprobaron una reforma diciendo que los consumidores tienen iguales derechos y tratando de obligar a los bancos tratando a que abran sus operaciones financieras a los sancionados”.
El economista se refiere a la reforma a la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, que entró en vigor en febrero pasado, y que obliga a los bancos nicaragüenses a reabrir las cuentas a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por señalamientos de violación a los derechos humanos, narcotráfico y lavado de dinero.
La enmienda prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios orteguistas por corrupción o violación de los derechos humanos.
“Esta maniobra de la dictadura es para torcerle el brazo a los que no ha podido torcerle el brazo, es decir, ponerlos contra la pared con esto y ya los tenía contra la pared con las otras reformas. A esta gente no le importa afectar las transacciones económicas de los pequeños, medianos y grandes con el exterior”, apuntó.