Recientemente se supo que, la junta directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) decidió no desembolsar al régimen de Daniel Ortega, 116.6 millones de dólares para financiar su proyecto BioClima, que es un plan para supuestamente reducir la deforestación en Bosawas y la biosfera de Río San Juan de Nicaragua.
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, explicó a La Mesa Redonda los motivos de la suspensión de los recursos, en los que las organizaciones ambientales y defensoras de Derechos Humanos jugaron un rol importante.
Ruiz contó que el régimen de Ortega-Murillo junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) presentaron ante el Fondo Verde del Clima un proyecto para reducir los procesos deforestación que están en las Reservas Indio-Maíz y Bosawás.
“El régimen presenta este proyecto, (y) nosotros en ese momento alertamos al Fondo Verde del Clima que ese proyecto carecía de una serie de procesos de consulta, de consentimiento con las comunidades indígenas, que tenía ciertos incumplimientos en la salvaguarda ambientales y sociales y que por ende en ese momento no debió de aprobarse”, relató Ruiz.
En efecto, el Fondo Verde del Clima analizó el informe de “Revisión de Cumplimiento sobre el caso de Nicaragua”, y halló que “el desarrollo de la propuesta de financiación no cumple con las políticas y procedimientos” del organismo.
Ruiz sostuvo que Alemania, promovió la aplicación de tres condicionalidades para el proyecto del régimen: que tenga un tercero independiente que supervise las actividades de las acciones que se desarrollan, que debería respetar y realizar las consultas libres, previas e informadas; y que debería tener un nivel de transparencia y de participación.
“El régimen en ese momento firmó esas condicionalidades porque pensó ‘firmar me harás, cumplir jamás’, eso es parte del sistema que ha mantenido siempre. Acepta las condicionalidades y el proceso continuó”, dijo Amaru.
Sin embargo, el BCIE no quiso dar explicaciones a organismos ambientalistas sobre cómo se iban a cumplir sobre estas condicionalidades bajo el argumento que “no tenía aprobada la política de acceso a la información pública”. “Cuando esto lo saben las comunidades indígenas, obviamente empiezan las quejas y elaboraron una queja que fue presentada al Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) que se interesó por desarrollar su propia investigación alrededor de los procedimientos en el cumplimiento tanto de las normativas, como del procedimiento, y de las salvaguardas ambientales y sociales que se debían tener por ubicarse en áreas protegidas”, apuntó.
En conclusión el IRM determinó “incumplimiento del proyecto” en lo alegado por los comunitarios. Por lo que ahora, el régimen debería cumplir “satisfactoriamente” con las políticas y procedimientos de este mecanismo, en lo referente a las tres condicionalidades antes mencionadas.
El régimen consiguió un plazo de 120 días para subsanar el incumplimiento de los requisitos establecidos por el Fondo Verde para acceder al financiamiento. No obstante, Ruiz opina que no cree que el régimen cumpla con las condicionales, puesto que su proyecto parte de la hipótesis que debe haber “una convivencia pacífica con mestizos y colonos”, lo cual es totalmente rechazado por los comunitarios indígenas.
“Dice el régimen en el proyecto que va a crear convenios o contratos de convivencia o cohabitación con las personas que están en esos territorios, que están invadiendo los territorios indígenas que son los colonos. Esa propuesta daña lo establecido en la Ley 445 que establece el procedimiento de saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes”, criticó.
“En segundo lugar, cómo le vas a decir a las comunidades indígenas que, que el que asesinó a tu papa, a tu hijo, a tu mama, el que violó a tu niño, va a vivir al lado tuyo, en tu tierra”, cuestionó Ruiz.
Para el ambientalista el proyecto del régimen beneficiaría solamente a los invasores, deforestadores y aumentaría la ganadería ilegal en esos territorios.
Ruiz advirtió que el régimen está “desesperado” y podría “maquillar” el cumplimiento de las condicionales.
“El régimen está desesperado, porque quedó mal públicamente, aunque traten de cumplir, hay un informe contundente del IRM en el que quedó mal, porque ha hecho todo mal, no tiene voluntad política para enfrentar esos problemas”, señaló.
