El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó este martes que mañana 11 de octubre abordará la situación en Nicaragua en una sesión ordinaria en Washington, Estados Unidos.
La propuesta de resolución sobre Nicaragua que será votada por los países miembros rechaza “las medidas represivas del gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia católica”.
El tema de Nicaragua fue solicitado por la misión de Canadá junto a Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos.
En la sesión participará Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua.
La propuesta de resolución considera “las medidas instituidas por el Gobierno de Nicaragua contra la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y otras instituciones educativas del país”, cuyos cierres “representan un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto”.
El documento señala que “las medidas mencionadas forman parte de un curso de acción que, de manera sistémica, arbitraria y abusiva, ha afectado a más de veinte instituciones educativas del país”.
También “observan con preocupación que las acciones represivas de las autoridades en Nicaragua también han atacado a la Iglesia Católica, como lo demuestran, además de las medidas contra la Orden Jesuita, las denuncias de detenciones arbitrarias de sacerdotes, incluido el Obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, y la expulsión o prohibición de entrada al país de decenas de clérigos, monjas y laicos católicos nicaragüenses y extranjeros”.
Agrega que “estas medidas vulneran los derechos humanos y son incompatibles con los compromisos y obligaciones de Nicaragua, establecidos en instrumentos internacionales, en particular en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tales como la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de conciencia, de religión o de creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, la libertad académica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, entre otros”.
La resolución resuelve:
1. Instar al Gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar los derechos humanos, incluida la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.
2. Rechazar las medidas represivas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia Católica, que infringen los compromisos internacionales de Nicaragua y afectan su integridad y funcionamiento.
3. Reclamar el restablecimiento de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad.
4. Invitar a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la OEA a brindar el mayor apoyo posible a los profesores de las instituciones educativas afectadas por las medidas del gobierno nicaragüense, incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales.
5. Reiterar el llamado hecho por la Asamblea General de la OEA a los Estados Miembros a través de la Resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23) a hacer todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a entablar un diálogo de alto nivel.
6. Encomendar a la Secretaría General de la OEA que continúe monitoreando de cerca la situación en Nicaragua y que prepare y presente, según corresponda, informes para el Consejo Permanente.
Cabe recordar que en noviembre de 2021, el dictador Daniel Ortega denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció el retiro “definitivo” de Nicaragua del organismo regional, tras acusarlo de “injerencista” por desconocer las votaciones generales de 2021, en las que él se auto-reeligió.