El Instituto Oakland publicó este jueves 1° de febrero su informe titulado “La fiebre del oro en Nicaragua”, en el cual critica que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho cumplir las sanciones impuestas al oro nicaragüense; y que por el contrario, sigue siendo el principal comprador de este producto.
El Instituto Oakland expone cómo, a pesar de las sanciones de Estados Unidos al sector minero de oro de Nicaragua, la industria ha experimentado un auge, impulsada por intereses comerciales extranjeros, entre estos el propio Estados Unidos “el principal destino y representa un asombroso 79 por ciento del total de las exportaciones de oro nicaragüense”, reza el informe.
Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra la empresa minera estatal ENIMINAS en junio de 2022, acusando al régimen Ortega-Murillo de “utilizar los ingresos del oro para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participar en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio”.
Sin embargo, “hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha logrado hacer cumplir estas medidas, lo que ha permitido que el sector del oro se expanda masivamente y continúe generando ingresos significativos para el régimen Ortega-Murillo y los accionistas de las empresas involucradas”.
“Numerosas empresas mineras incluidas en el alcance de las sanciones continúan operando con impunidad y adquiriendo nuevas concesiones mineras de oro en medio de un aumento de la violencia contra las comunidades indígenas”, anota el informe.
Calibre Mining Corp “candidata a sanciones”
El Instituto Oakland, destaca que la principal beneficiaria del auge del oro en Nicaragua es la empresa canadiense Calibre Mining Corp., cuyas 57 concesiones cubren más de 1,1 millones de hectáreas, 9% del territorio total del país centroamericano, y que por ello, es “candidata clara para la aplicación de estas sanciones”.
“26 de sus concesiones de minería metálica, que cubren más de 940.000 de hectáreas, se otorgaron entre junio de 2021 y diciembre de 2022. 11 de ellas, por un total de 336.598 ha, se otorgaron después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara las sanciones en junio de 2022. Si se conceden las 15 solicitudes restantes de Calibre, una sola empresa extranjera controlará 1,57 millones de hectáreas, o el 13,1% de la superficie terrestre de Nicaragua”, precisó.
“Como empresa canadiense que opera en Nicaragua y que también posee concesiones mineras en Estados Unidos a través de subsidiarias de su entera propiedad, Calibre es un claro candidato para la designación de sanciones según la orden ejecutiva de Biden”, dice el informe.
Asimismo, Calibre Mining Corp., posee la superposición de muchas de las concesiones en territorios indígenas y afrodescendientes reconocidos por el Estado, donde los miembros de la comunidad denuncian “una falta de consulta y consentimiento, una violación de la ley nicaragüense y las normas internacionales”.
El informe también identifica otras corporaciones transnacionales que controlan vastas concesiones mineras en Nicaragua, incluida la canadiense Mako Mining Corp.; el desarrollo de Zhong Fu en China; el Grupo Mineros de Colombia; y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals.
Los principales financiadores de estas empresas extranjeras incluyen las firmas de inversión estadounidenses BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp. e Invesco Ltd., las firmas mineras canadienses B2Gold Corp. y Agnico Eagle Mines Ltd.
“La administración Biden habla mucho sobre el uso de sanciones selectivas para responsabilizar a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, pero el Departamento del Tesoro deja libres a los peores de estos actores”, dijo Josh Mayer, miembro del Instituto Oakland y coautor del informe.
“La aplicación de sanciones debe ir más allá de las entidades nicaragüenses para tener alguna posibilidad de detener la colonización violenta de territorios indígenas y afrodescendientes”, añadió.
“Al no implementar las sanciones, la administración Biden está efectivamente sosteniendo a las empresas mineras estadounidenses e internacionales con inversionistas estadounidenses que se benefician del sector aurífero de Nicaragua. No exigir responsabilidades a estos intereses financieros no sólo permite que se intensifique la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que es otra prueba de la falta de credibilidad del compromiso del presidente Biden con la defensa de los derechos humanos”, concluyó Mittal.