Estados Unidos emitió más de 250 restricciones de visa para igual número de funcionarios orteguistas, entre policías, paramilitares, fiscales y jueces, quienes apoyan al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua.
“El Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a ciertos actores no gubernamentales por sus funciones en apoyar al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables”, anunció Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Añadió que la medida se adoptó de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que “suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no-inmigrantes, a miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas”.
En ese sentido, argumenta que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo “continúan deteniendo injustamente a quienes abogan valientemente por una sociedad libre, la libertad de religión y la libertad de expresión. El régimen de Ortega-Murillo también se ha involucrado en enriquecerse mediante la explotación de migrantes vulnerables”.
“Estados Unidos continúa pidiendo a la comunidad internacional asegurar la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. No renunciaremos a nuestro apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense”, dijo Miller.
La restricción de visas, se complementan con las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionó a tres entidades con sede en Nicaragua, “incluido un centro de capacitación ruso que ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua, y dos empresas mineras del sector de oro afiliadas al régimen, generando ingresos para los Ortega-Murillo”.
