La dictadura de Daniel Ortega canceló el martes la personería jurídica a otras 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Asociación Comités de Defensa Sandinista (CDS), con lo que suman más de 3.600 las ONG ilegalizadas desde diciembre de 2018, y que en su mayoría sus bienes han sido confiscados por el régimen.
María Amelia Coronel, ministra del Interior, aprobó la disolución de esas organizaciones en Managua, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas diez ONG por supuesto incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su “disolución voluntaria”.
Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Asociación CDS, que funcionaba desde los barrios como “ojos y oídos” de la revolución durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).
Los CDS, que solicitaron su “disolución voluntaria”, fueron remplazados por los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC), con el retorno al poder del dictador Daniel Ortega, en 2007.
También fueron disueltas la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, la Asociación de Ganaderos de Boaco, la Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua, entre otras de corte cristiano evangélicas.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que serán confiscados por el Estado de Nicaragua, excepto los organismos que solicitaron su “disolución voluntaria”.
ORTEGA RECONOCE CONFISCACIONES
Daniel Ortega, justificó el sábado la confiscación de propiedades de todas las ONG ilegalizadas.
“Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, (…) donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad”, dijo Ortega en un acto por aniversario del general Augusto Sandino.
“Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense (…) para el beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social”, agregó Ortega.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de la ONG Hagamos Democracia, denunció que desde ese año el régimen de Ortega “ha confiscado” al menos 135 propiedades, con un valor de unos 250 millones de dólares.
